Los taxistas amenazan con convocar una huelga si se legaliza el 'intrusismo'

Las asociaciones de taxistas anuncian futuras movilizaciones y paros laborales si no se suprime o modifica el artículo 21 de la llamada Ley Ómnibus, que se encuentra en trámite parlamentario, al entender que su aprobación conllevará a la desregularización de las tarifas de los taxis de Comunidades Autónomas que no tienen asumidas las competencias en materia de transporte.

El gremio considera que el artículo 21 llevaría a la "ruina" a 70.000 familias Este miércoles concluye en el Senado la presentación de enmiendas al proyecto de Ley, que serán sometidas a debate el próximo jueves. Si entonces no se modifica el texto, las asociaciones mayoritarias del taxi anunciaran sus acciones a emprender como protesta a su aprobación, según han anunciado el presidente de la Asociación Gremial Auto-Taxi de Madrid, José Antonio Parrondo, y el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Mariano Sánchez.

Parrondo recalcó que la aprobación de esta norma constituye la mayor preocupación para los intereses del colectivo, puesto que si sale adelante llevará a la "ruina" a más de 70.000 familias que se dedican a prestar este servicio en toda España. 

En concreto, el artículo 21 establece que el precio de los transportes discrecionales de viajeros y actividades auxiliares complementarias del transporte sería libremente fijado por las partes contratantes. El precepto contempla que tampoco estarían sometidos a tarifas aprobadas por la Administración de transporte de viajeros temporales o de uso especial.

Según Parrondo, esta previsión llevará a la liberalización de las tarifas en las Comunidades Autónomas donde no tengan transferidas competencias de en materia de transporte. "Se liberalizarían de forma encubierta los Vehículos de Alquiler con conductor (VTC)", alertó Parrondo. En cuanto a las autorizaciones de transporte público discrecional, la Ley establece que se habilitarán servicios en todo el territorio nacional, sin limitación alguna por origen o destino. De este modo, podrán trabajar en cualquier punto de España con independencia de origen y destino.

Ambigüedad jurídica

Por su parte, Mariano Sánchez criticó que los taxis de las comunidades que no tengan competencias sobre tarifas interurbanas vayan a tener que llegar a acuerdos con los usuarios para fijar una tarifa del trayecto. Además, insistió en que el sector con competencias se verá en una situación de "ambigüedad jurídica" por la liberalización de la otra parte.

Por ello, hizo un llamamiento al Gobierno para que se tengan en cuenta las demandas de los taxistas. En caso contrario, avanzó que si no se modifica el texto que se encuentra en el Senado se tomarán medidas drásticas, entre ellas movilizaciones y paros de todo el sector a nivel nacional.