El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU) Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, imputados en la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria, que había sido solicitada por sus abogados defensores dada la avanzada edad de ambos, más de 70 años, y el escaso riesgo de destrucción pruebas, informaron fuentes jurídicas.
Los dos ex altos cargos llevan en régimen de prisión provisional en la cárcel de Soto del RealEl magistrado resolverá en los próximos días sobre otra petición de su defensa relativa al acercamiento de ambos a una prisión de Catalunya. La decisión sobre estos imputados estaba pendiente de resolver desde el pasado día 16, cuando la Fiscalía Anticorrupción informó en contra de la puesta en libertad de ambos imputados, que alegaban precisar atención farmacológica específica.
El Ministerio Público objetó que esta causa no justificaría una excarcelación, por lo que, de no resolver en su favor la Sala, ante la que están pendientes los recursos contra el auto de prisión, los dos ex altos cargos seguirán en prisión imputados de los delitos de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La decisión sobre estos imputados estaba pendiente de resolver desde el pasado día 16Los dos ex altos cargos llevan en régimen de prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de octubre junto con el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Bartomeu Muñoz (PSC), el ex concejal de urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco, y el ex diputado socialista Luis Andrés García, imputados por el mismo caso.
Según el auto dictado por Garzón contra todos ellos, los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de LLavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada con la Operación Pretoria, lo que según Garzón justifica la medida de prisión provisional para el presunto cerebro de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y los otros cuatro imputados sobre los que también pesa esta medida cautelar.
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