Un abogado sevillano ha sido condenado por un delito de deslealtad profesional, pues entre los años 2000 y 2003 se inventó sentencias, falsificó firmas, se apropió de las minutas de sus clientes, perdió los documentos que le entregaron y dejó pasar los plazos de los pleitos.
La sentencia del juzgado penal 11 explica que como consecuencia de la mala práctica del acusado uno de sus clientes perdió la pensión de invalidez, otro no recuperó sus reclamaciones salariales al Servicio Andaluz de Salud (SAS), una mujer perdió su vivienda en el proceso de divorcio y una familia se quedó sin derecho a reclamar una indemnización por caducidad de los plazos.
El acusado trabajaba "sin la más mínima seriedad y diligencia" y diligenciaFruto del "cúmulo de denuncias e irregularidades" que cometió el acusado J.M.C.G., de 48 años, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla acordó su baja definitiva de la corporación.
La sentencia impone al abogado una multa de 3.456 euros y fija en 14 el número de afectados que serán indemnizados, mientras que otros siete renunciaron a las acciones penales en el momento del juicio.
El acusado trabajaba "sin la más mínima seriedad y diligencia" y llegó a "perder documentación de relevancia" de sus clientes, que se han visto imposibilitados a emprender nuevas acciones con ayuda de otro abogado, según el fallo.
Uno de ellos fue M.S.B., que necesitaba tramitar su pensión de invalidez pero el abogado le "estuvo dando largas" hasta que perdió la invalidez definitiva y ahora cobra exclusivamente la no contributiva.
"Falsificar documentos judiciales"
En el caso de M.H.G., una mujer que acudió al procesado para que le tramitara su separación, el abogado "llegó a falsificar documentos judiciales a fin de aparentar la existencia de un procedimiento ante los tribunales", según el juez.
Las actuaciones judiciales fueron iniciadas por A.M.T., hijo de una mujer que pretendía reclamar por negligencia a una clínica sevillana por no detectar su encharcamiento de pulmones pero el asunto fue archivado por prescripción de los plazos.
En este caso, la familia solicitaba 8.113 euros pero, al no poder determinar cuál habría sido el resultado del pleito, el juez opta por fijar la indemnización en el 30 por ciento del importe, esto es, 2.676 euros más los 1.051 euros entregados a cuenta. Otro de los afectados perdió la indemnización de 4.819 euros a que tenía derecho por parte del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a causa de la negligencia del acusado
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