El Senado de EE UU aprobó este sábado el debate sobre el plan de reforma sanitaria presentado por el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, con 60 votos a favor y 39 en contra. En una sesión extraordinaria para intentar dar un impulso al proceso, los demócratas consiguieron los 60 votos que necesitaban para iniciar el histórico debate sobre la reforma del sistema de salud estadounidense.

Para ello contaron con el apoyo de las senadoras Blanche Lincoln y Mary Landrieu, demócratas independientes, que no habían expresado en público su postura sobre la votación hasta esta tarde. A pesar de tener mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitaban alcanzar esta cifra para evitar que los republicanos bloquearan la votación.

Los conservadores habían pedido a las dos senadoras que se sumaran a sus filas y a pesar de que votaron con su partido no significa que vayan a apoyar el plan.

"Mi voto de hoy para avanzar en este importante debate de ninguna manera debe interpretarse como una indicación de cómo podría votar si el debate llega a su fin", advirtió Landrieu, que subrayó que "es un voto para seguir adelante, pero queda mucho por hacer".

El plan del Senado, con más de 2.074 paginas, prevé dar cobertura médica a casi 31 millones de personas y un coste de 849.000 millones de dólares. El proyecto obliga a los estadounidenses a tener un seguro médico entre varias opciones, incluida la pública, e impone multas a las aseguradoras que niegan cobertura a personas con condiciones médicas preexistentes.

Modelos contrapuestos

Los republicanos consideran que la "opción pública" es una injerencia del Gobierno en el sector privado que no mejorará el cuidado de la salud ni reducirá sus costos, y tampoco disminuirá el déficit fiscal.

"Los estadounidenses saben que el voto para debatir este proyecto es un voto para aumentar las primas, aumentar los impuestos y hacer recortes masivos en el Medicare", dijo el líder republicano Mitch McConnel durante la sesión, en la que aseguró que "es muy difícil justificar apoyarlo".

Los partidarios del plan insisten en que es la mejor solución a los problemas del sistema de salud, que excluye a más de 47 millones de personas, tiene costos exorbitantes y ofrece pocas opciones. El debate comenzará a partir del 30 de noviembre, tras el receso por el festivo del Día de Acción de Gracias, y se prevé que dure varias semanas.

No está claro que concluya a tiempo para que el presidente, Barack Obama, firme el proyecto de ley antes de fin de año, ya que cuando el Senado apruebe su versión, un comité de ambas cámaras deberá reunirse para unificar sus propuestas.

Diferencias entre planes

La Cámara de los Representantes aprobó su proyecto de reforma hace dos semanas, con un margen de tan sólo cinco votos. Su propuesta, bastante parecida, aumenta la cifra de personas con cobertura, pero también aumenta el gasto, lo que es rechazado por los conservadores.

La versión del Senado contiene la "opción pública" pero, a diferencia de la Cámara Baja, permite que los gobiernos estatales puedan optar por salirse del "intercambio de seguros", un sistema al que pueden optar personas sin seguro por medio de sus empleadores.

Ambos proyectos multan a los ciudadanos que no tengan un seguro y proponen que se aumente hasta los 26 ó 27 años la edad para que los jóvenes permanezcan en las pólizas de sus padres. La Cámara Baja propone que el cargo de los seguros sea el doble para las personas mayores que para los jóvenes, mientras que el Senado pide que el coste sea tres veces superior.

El plan del Senado mantiene la exigencia de que los residentes legales tengan que esperar cinco años antes de solicitar ayuda de Medicaid, el programa para pobres, pero sí podrán recibir subsidios para participar en el intercambio de seguros.

Los inmigrantes indocumentados quedan excluidos de todo tipo de ayuda, incluso si pueden costear de su bolsillo un seguro médico. La versión de la Cámara Baja les deja abierta la posibilidad de comprarlo sin subsidios del gobierno.  El Senado mantiene la prohibición legal de financiar con fondos públicos el aborto, salvo casos de violación, incesto o riesgo de salud para la madre.

La mayor diferencia entre ambos proyectos es la financiación. La Cámara Baja impondría un impuesto del 5,4% a las personas que cobran 500.000 dólares al año y parejas que superan el millón de dólares anual, así como un impuesto del 2,5 por ciento a determinados aparatos sanitarios.