El Partido Popular quiere que se prohíba que los cargos electos acepten regalos. Ésta es una de las medidas integradas en las bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción que el PP aprobará en la XV Unión Intermunicipal que se celebra entre este viernes y sábado en Sevilla. En ella participan 350 alcaldes, concejales y otros cargos electos.

El PP quiere prohibir "cualquier regalo que no corresponda a los usos y costumbres sociales" El documento, que será ampliado este sábado por el líder del PP, Mariano Rajoy, en la clausura del evento, recoge una batería de medidas para "dignificar la vida pública". El PP plantea prohibir la aceptación de "cualquier regalo, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales".

Con el objetivo de respetar la voluntad popular y la gobernabilidad, el documento destaca la medida de garantizar el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que los líderes de los partidos asuman el compromiso de no incluir a tránsfugas en sus listas, aunque el PP quiere prohibir que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en los gobiernos locales que surjan de las mociones de censuras participadas o promovidas por estos.

Para fortalecer los controles institucionales, los populares proponen potenciar el Tribunal de Cuentas y las cámaras de cuentas autonómicas, incrementar los medios de estos órganos, mejorar el funcionamiento del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción, así como ampliar la colaboración de los defensores del pueblo en la detección de la corrupción.

Mayor transparencia en la gestión

Además, aboga por generalizar las auditorías externas como refuerzo de la intervención municipal y hacerlas obligatorias cuando miembros de las corporaciones sean condenados por distintos delitos, al tiempo que solicita convocar elecciones parciales en caso de disolución de un ayuntamiento.

En el apartado de la transparencia en la gestión, el documento se inclina por publicar las retribuciones de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones; y por un mayor control en las subvenciones.

Asimismo, el PP aboga por hacer públicas las declaraciones de bienes de altos cargos, trasladar al registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o de actividades y homologar, mediante un acuerdo, los sueldos de los miembros de las corporaciones locales.