El nuevo delito de piratería que contemplará el Código Penal, cuya reforma aprobó este viernes el Consejo de Ministros, estará castigado con hasta 15 años de prisión, aunque no será aplicable a casos como el del Alakrana o los que se produzcan hasta que la ley entre en vigor.

Se considerará delito de piratería, ya sea marítima o aérea, "cuando una o varias personas utilicen la violencia para apoderarse de un buque, aeronave, atentar contra sus tripulantes y/o apoderarse de su cargamento".

Las penas de prisión irán de 1 a 3 años si no se utiliza la violencia y de 10 a 15 años para los que sí lo hagan cuando se apoderen, dañen o destruyan una aeronave, buque o similares o cuando atenten contra personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de las mismas. También habrá cárcel para quien se resista o desobedezca a un buque de guerra o una aeronave militar.

Situación "compleja"

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó sobre el secuestro del Alakrana que el Ejecutivo ha hecho "exactamente lo que tenía que hacer: cumplir la ley" y asumió personalmente, como responsable del Comité de Coordinación, "toda" la responsabilidad en la gestión de la crisis.

La situación derivada del secuestro del atunero es "compleja", según De la Vega, lo que ha hecho que el Gobierno, Fuerzas Armadas, diplomacia, servicios de inteligencia y jueces estén trabajando para la liberación "sin riesgos" del atunero, "siempre en el marco de la ley". Recalcó que todas las decisiones se han tomado por unanimidad.

Tras aclarar que los piratas son los "únicos" responsables del secuestro, afirmó que en la resolución del secuestro el Gobierno está explorando "todas las vías" y aplicando medidas para dotar a la zona de mayor seguridad.

En sus aclaraciones ante la polémica sobre la decisión acerca de traer a España a los dos piratas detenidos, De la Vega dijo que de acuerdo con las leyes y la jurisdicción española, los hechos se cometen en un buque español con 16 ciudadanos españoles, por lo que la Armada detuvo a los presuntos delincuentes.

El Gobierno comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales competentes, a través del Abogado del Estado, y recalcó que de repetirse un hecho igual el Ejecutivo "volvería a actuar conforme a la ley".

Por otra parte, 52 agentes de seguridad privada se concentraban en la mañana de este viernes en el aeropuerto de El Altet (Alicante) para dirigirse a las islas Seychelles, donde el sábado está previsto que embarquen en atuneros españoles para reforzar la seguridad.