Los plebiscitos en nuestra democracia

Ya hemos comentado anteriormente que, según la legislación vigente, la convocatoria de un referéndum en España es opcional y depende de criterios políticos.
La única mención a las consultas directas dentro de la Constitución Española se halla en su artículo 92.1: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Los referendos no forman parte esencial de nuestro sistema político y sólo resaltaremos las dos palabras clave de esta redacción: «podrán» y «consultivo».

Ni obligatorio ni vinculante. En definitiva, para aprobar el tratado de la Constitución Europea ninguna norma obliga en España a organizar un plebiscito, pero sí es obligatoria la ratificación parlamentaria (mediante ley orgánica). Los resultados del referéndum no vinculan además formalmente la decisión de las Cortes. Una vez convocado, hipotéticamente se podría dar la paradoja de un resultado negativo en las urnas (poco probable parece) y un voto positivo en el Parlamento, o viceversa. Pero bien es verdad que la expresión de la voz (o el silencio abstencionista) del pueblo soberano tiene una enorme carga política una vez llamado a las urnas. Dicho esto, desde hace casi veinte años no se ha celebrado en España ningún referéndum (desde el de la OTAN en 1986), y la ley que regula los referéndum (distinta a la ley electoral) data de 1980.

Los actuales electores de entre 18 y 36 años jamás han tenido en nuestro país la ocasión de participar en un referéndum. Pero la novedad no parece que sea un factor movilizador en esta ocasión, ya que es justamente en esa franja de edad donde los estudios han detectado menor intención de ir a votar. Los pocos referendos que se han convocado en España han sido casi en su totalidad plebiscitos relacionados con la transición democrática o con el inicio del Estado de las Autonomías. A escala estatal, se celebraron los referendos de la Reforma Política de 1976 (para que los españoles mostraran su acuerdo con la instauración de la democracia) y de la aprobación de la Constitución Española en 1978 (votó sí el 91,8%). Estos dos se convocaron dentro de un proceso político de transición, sin que estuvieran lógicamente regulados por las normas constitucionales ahora vigentes. Los otros referendos, ya aprobada la Constitución, fueron celebrados a escala territorial más reducida, en las llamadas entidades regionales históricas (art. 143 de la Constitución).

Cataluña y el País Vasco votaron el mismo día sus estatutos de autonomía (1979) y luego los suyos Andalucía (en dos convocatorias, 1980 y 1981) y Galicia (1980). En realidad, fueron referendos de corte también constitucional, ya que se trataba de aprobar lo que se pueden llamar las constituciones de las nacionalidades. Sólo en un caso se convocó un referéndum por otros motivos, y fue el que podríamos llamar referéndum de la tensión sobre la ratificación de la permanencia de España en la OTAN (ganó el «sí» por escaso margen, 59,4%). Por lo que respecta a las cuestiones europeas, hay que señalar que, a diferencia de la mayoría de la UE, España no sometió hasta ahora a referéndum ningún tema de especial trascendencia (sea la adhesión a la UE, el Tratado de Maastricht, Niza o la ampliación). En cambio, ahora España es de la minoría de países europeos que convoca un referéndum para recabar el apoyo popular a la futura Constitución Europea.

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