La batalla política dentro del PP por controlar Caja Madrid ha dejado patente dos claras evidencias: las cajas de ahorro son el principal objeto de deseo de la clase política. Y segundo, la politización de las cajas es total.

Actualmente hay 45 cajas en España que tienen en sus órganos de dirección, es decir, sus asambleas generales y sus consejos de administración, 6.065 consejeros. De estos, 2.087, el 34% del total, son cargos elegidos a dedo por los partidos políticos, entre los que figuran alcaldes, concejales, presidentes de diputación o altos cargos de los gobiernos regionales.

El interés de los políticos por las cajas de ahorro no es baladí. Las 45 cajas mueven unos 1,2 billones de euros, tienen 56 millones de cuentas corrientes abiertas y controlan el 65% de las operaciones bancarias que se realizan en España.

Además, tienen 25.033 oficinas, 10.000 más que los 155 bancos que hay en nuestro país, según datos de su propia patronal. De las diez principales cajas españolas, ocho están presididas por nombres de claro color político.

El poder que supone controlar una caja ha quedado de manifiesto en la batalla interna de Caja Madrid, la segunda caja de España. Dos rivales del mismo partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, han pugnado públicamente por colocar a su candidato como presidente.

Al final ha tenido que ser el jefe de los dos, el líder del PP, Mariano Rajoy, el que impusiera orden y eligiera al ex ministro Rodrigo Rato como hipotético futuro presidente.

Límite del 50%

La Ley Orgánica de Cajas de Ahorros limita al 50% la presencia política en las cajas de ahorros (hay comunidades, como Cataluña, que lo tienen limitado al 25%). El modelo valenciano es, sin duda, el más político.

En Bancaja, la CAM y Caixa Ontinyent, los partidos alcanzan el máximo del 50% de la representación que permite la ley. A su mismo nivel se sitúa Caja Cantabria o Caja España.

La politización es tal que incluso está amparada por el Tribunal Constitucional, que concede a las comunidades la capacidad de vetar por mero interés político fusiones u otro tipo de operaciones empresariales. Como lo que ocurrió en junio de 2009 entre la andaluza Cajasur y Caja Murcia.

La fusión de ambas fue frenada por la Junta de Andalucía para no perder así el control de Cajasur si se hubiera unido con una entidad más grande y controlada por el PP de Murcia.

Lo que queda claro, y como no podría ser de otro modo, es que el control político de las cajas favorece a los partidos políticos. Según el Tribunal de Cuentas, los grupos con representación en el Congreso deben 144 millones a los bancos. En 2004, la Caixa perdonó 7,1 millones al PSC y 2,7 millones a Esquerra.

El PP, contra los cargos electos

En junio de este año, el PP propuso que no pueda haber cargos electos en las asambleas generales de las cajas de ahorros ni en sus consejos de administración. Ello impediría algo tan habitual como ver a alcaldes, concejales, presidentes de diputación o altos cargos de los gobiernos regionales sentados en los sillones de dirección.

La propuesta chocante, ya que el PP controla de manera férrea cuatro de las diez cajas más importantes de España, como Caja Madrid, Caixa Galicia, Bancaja o la CAM, cuyo nuevo presidente, Modesto Crespo, es ex concejal de Elche y hombre de confianza de Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana,.

Los directivos de las 45 cajas se reparten 163 millones en sueldos y dietas

Los altos directivos de las cajas de ahorro se reparten al año más de 163 millones de euros en sueldos, además de dietas y otros gastos. Así lo asegura el periodista Daniel Montero en su nuevo libro La Casta. El increíble chollo de ser político en España (editorial La Esfera de los Libros).

Caja Madrid, por ejemplo, repartió en 2008 un total de 13 millones de euros entre sus 21 directivos. El nombramiento de diez de ellos depende directamente de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Todos ganan una media de 619.000 euros al año. A eso hay que sumar 1,5 millones en dietas por asistencias a plenos y otro millón de euros más entre quienes acuden a la Comisión de Control.

En cuanto a La Caixa, la caja más importante, destina una partida de 16 millones anuales para sus 21 directivos. En el caso de la malagueña Unicaja, 12 personas se reparten 3 millones. Por su parte, 3,1 millones es lo que paga la CAM a sus 20 directivos.