En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, Blair insistió en que la medida, solicitada por la Policía, es "necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
Entre los abucheos de los diputados de la oposición, el primer ministro aseguró que las razones argumentadas por la Policía para pedir esa competencia son "abrumadoras". "Es mi deber proteger a la gente de este país y garantizar que su derecho a la seguridad y a la vida son lo primero", dijo.
El ministerio británico del Interior hace pública hoy su polémica legislación antiterrorista, que complementa leyes anteriores.
Entre otras medidas, el Gobierno propone ampliar de catorce días a tres meses el tiempo que la Policía puede retener a un sospechoso de terrorismo para interrogarle sin acusarle previamente.
También incluye el delito de "glorificación" del terrorismo, que castigará a quienes lo ensalcen por escrito, oralmente o en páginas web.
Antes de la divulgación del documento en la Cámara de los Comunes, el ministerio de Exteriores difundió un informe sobre la legislación antiterrorista vigente en otros países europeos, para demostrar que lo que se quiere hacer en el Reino Unido no es tan desmesurado como parece.
No obstante, el propio ministerio reconoce que ningún otro país permite la detención sin cargos ni juicio por noventa días, aunque dice que el caso británico es diferente porque la Policía no puede seguir interrogando a los sospechosos después de acusarles, en un plazo de catorce días.
Dura campaña contra la ley antiterrorista
Las medidas antiterroristas propuestas por el Gobierno de Tony Blair han suscitado serias críticas en el Reino Unido, incluidas de prestigiosos magistrados, y no parece que el ministro del Interior, Charles Clarke, vaya a conseguir el consenso que deseaba. Sin ir más lejos, un grupo de personalidades encabezado por el alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone, ha lanzado una dura campaña contra el Gobierno y su ley porque mantienen que no supera "la prueba Mandela".
Esto quiere decir que, con esta legislación, el ex presidente de Suráfrica Nelson Mandela y sus simpatizantes habrían acabado entre rejas por su lucha contra la segregación racial.
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