El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de cinco de los detenidos en la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramanet. Son los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión este viernes a instancias del fiscal anticorrupción Luis Pastor, ha decretado también el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 25.000 euros para el director de servicios del Ayuntamiento, Pasqual Vela, y de 500.000 euros para los empresarios de la construcción Lluis Casamitjana y Josep Singla.

Además, ha fijado otra fianza de 100.000 euros para el empresario Manuel Carrillo, el único de los nueve detenidos que se encuentra en libertad desde que prestó declaración ante la Guardia Civil en Las Rozas (Madrid) el pasado miércoles.

En el auto emitido, el juez sostiene que las actividades principales de esta supuesta trama de corrupción urbanística consistía en lograr modificaciones de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda Pública, fraude en la obtención de subvenciones de la Unión Europea, extracciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo.

Para ello, relata el juez, los miembros aprovechaban "los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás". En concreto, Garzón imputa el delito de asociación ilícita a todos los acusados, salvo a Pasqual Vela y a Manuel Carrillo; quien sólo esta acusado de un delito de cohecho.

Además de la acusación de asociación ilícita, el juez imputa diversos delitos de blanqueo de capitales a Macià Alavedra, Lluis Prenafeta, Luis García y Lluis Casamitjana, a los que también acusa de varios delitos de tráfico de influencias junto al empresario Josep Singla. Casamitjana también está acusado de un delito de fraude fiscal.

El lunes concluye el plazo

El alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, está imputado también de un delito de cohecho, otro de fraude de subvenciones, dos delitos de fraude y extracciones ilegales y uno de falsedad en documento oficial y mercantil.

Garzón también imputa los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial a Luis García y Manuel Dobarco; este último acusado también de dos delitos de fraude y extracciones ilegales junto a Pasqual Vela -imputado también por un delito de encubrimiento-.

Los imputados que han quedado en libertad bajo fianza tienen de plazo hasta el próximo lunes para depositar la cantidad exigida por el juez, mientras que Alavedra, Prenafeta, García, Muñoz y Dobarco serán trasladados a la madrileña cárcel de Soto del Real.

Defraudaron casi 45 millones

La presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en los que actuó, según el auto notificado por Garzón.

En la resolución, el juez afirma que hay una serie de "pautas comunes" en las tres grandes operaciones en las que intervinieron los imputados, desarrolladas en las localidades antes citadas.

El primer paso consistía en que los Ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien, "gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con las empresarios interesados", favorecía su tramitación, "repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos".

Sin embargo, la empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, sino que éste quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

Esa modificación, además, "resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca del municipio", añade Garzón.

Tras la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación, de modo que todo el beneficio quedaba en manos de los intermediarios y nunca en las del Consistorio.