La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha propuesto hacerse cargo, junto con el Ejecutivo del País Vasco, de la mitad del coste de la contratación de vigilantes privados para reforzar la seguridad de los atuneros que faenan en aguas del Índico.

En respuesta a una interpelación del PP en la sesión de control en el Congreso, Chacón ha dado su visto bueno a la oferta del lehendakari, Patxi López, de que cada uno de los Ejecutivos se haga cargo de una cuarta parte de los gastos de la defensa de los pesqueros y que los armadores asuman el resto.

Chacón ha confirmado que su departamento también sufragará el traslado del operativo de la seguridad privada, incluido el armamento militar que podrán usar los agentes a bordo de los buques una vez que el Consejo de Ministros apruebe las medidas legales previstas.

La ministra ha reiterado la negativa a embarcar infantes de marina en los atuneros, como le ha pedido el diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa ante las dudas legales que hay sobre la capacidad de respuesta que los vigilantes privados podrán tener ante ataques piratas como el del secuestro del 'Alakrana'.

¿Cómo actuarán?

Fernández de Mesa ha hecho hincapié en que la jurisdicción sobre la seguridad de los buques de bandera española en alta mar corresponde al Gobierno y no debería recaer en la seguridad privada. "¿Qué autoridad internacional tendrán los agentes privados? ¿Podrán disparar? Si hay que matar a alguien, ¿quién se va a hacer responsable de todo eso?", se ha preguntado el diputado del PP.

Chacón ha recordado que de los 24 países que participan en el operativo en aguas de Somalia, sólo Francia ha autorizado embarcar soldados en los pesqueros, después de resaltar que su contingente en la zona es tan grande como el que España tiene en todas sus misiones en el extranjero -alrededor de 3.000 militares-. A juicio de la ministra, es "grave" que el PP apoye esta solución cuando los mandos militares la ven "inviable", no tiene cabida en el marco jurídico español y plantea "serias dudas" desde el punto de vista de la legalidad internacional.