Sheila tiene cinco años y, para ella, alcanzar la quinta planta de su edificio de la avenida Malvarrosa de Valencia es toda una odisea. Padece espina bífida, por lo que no puede moverse sin una silla de ruedas. Pero, además, la falta de ascensor en su bloque le impide salir de casa y le fuerza a residir durante determinados periodos en casa de un familiar.

Su madre, Rebeca, explica que han pedido la instalación de un ascensor para solucionar el problema, pero tres de los nueve vecinos se oponen. "Me dicen que venda mi piso, pero voy a hacer lo que sea" para tener el elevador, señala.

"Ahora ya no puedo"

Hasta ahora, Rebeca se podía apañar subiendo y bajando las escaleras con la niña en brazos, pero ahora ya pesa 13 kilos y con sus problemas de espalda le es muy difícil. "Cada vez que llego, la tengo que dejar en el suelo para luego subir la silla de ruedas", añade.

Pero este no es un caso aislado. La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe-CV) ha constatado que el 80% de las consultas que recibe se refieren a la accesibilidad en los edificios de viviendas.

Los afectados confiesan que, aparte de la complejidad de las soluciones técnicas, deben afrontar el rechazo frontal de algunos vecinos a las obras. Pese a que la Ley de Igualdad de Oportunidades aprobada en 2003 obliga a la realización de obras en comunidades de vecinos para garantizar la accesibilidad, estos problemas se siguen produciendo, lo que impide a los discapacitados llevar a cabo "una vida normalizada que propicie su integración social", indica el presidente de Cocemfe-CV, Carlos Laguna.

El fiscal: "La ley debe cambiar"

El fiscal coordinador de la Sección Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, Gonzalo López Ebri, presentó en el Colegio Notarial de Valencia su libro La intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento para la protección de las personas con discapacidad. Preguntado por el caso de Sheila, manifestó que España firmó en 2006 el Convenio sobre la Protección de Personas con Discapacidad, lo que le obliga a cambiar las leyes para adaptar viviendas, escaleras o vías públicas.