En Madrid sólo hay cuatro personas para atender a las mujeres violadas

Más problemas de recursos en la Justicia madrileña. Ahora, por la falta de psicólogos y de trabajadores sociales. La comunidad cuenta con tan sólo cuatro personas en servicio para atender a las víctimas de delitos violentos o de crímenes contra la libertad sexual de las personas (sobre todo violaciones), tal y como denuncia el sindicato de trabajadores de justicia (STAJ).

Debería haber, por lo menos, cuatro trabajadores más, y muchos más recursos

Estos trabajadores llevan la parte asistencial (seguimiento y tratamiento posterior de las víctimas) y pericial (informes para los juicios) de los casos, "pero normalmente, cuando no es posible hacerse cargo de lo pericial, esta parte de trabajo es derivada a clínicas y forenses. El principal problema viene en el tratamiento posterior de estas personas", aseguran desde STAJ.

De hecho, desde 2009, estas cuatro personas (dos trabajadores sociales y dos psicólogos) han tenido que atender a 189 personas por este tipo de delitos: "hay desde testigos protegidos a mujeres violadas a las que se debería tratar, al menos, una vez a la semana, y se las está viendo tan sólo en una ocasión cada mes", dicen desde el STAJ. "Debería haber, por lo menos, cuatro trabajadores más, y muchos más recursos", apostillan

Falta de recursos

Y es que, aparte de los pocos trabajadores, en los juzgados para violencia de género las víctimas sólo cuentan con atención psicológica y asistente social por las mañanas, según STAJ, ya que dicho personal no cobra guardias y por lo tanto no están por las tardes ni durante los fines de semana. "Las víctimas llegan a veces en un estado de nerviosismo muy grande y no tienen quien les asista en esta materia. Hay veces que tienen que hacerlo los propios compañeros del juzgado", aseguran.

Otro problema con los intérpretes

Ante la falta de traductores en la Administración de Justicia, que provoca retrasos de varios meses en los juicios, tal y como publicó 20 minutos el pasado 25 de mayo, la Comunidad decidió el pasado septiembre invertir 344.057 euros en pagar a 18 nuevos intérpretes que prestarán sus servicios ante los extranjeros que lo necesiten en sus procesos judiciales. El Gobierno regional reconoce, además, que se ha detectado un aumento del 33% en el número de extranjeros que solicitan estos servicios, sobre todo de inglés, francés, árabe y chino.