El 18 de mayo se puso en marcha el Plan 2000E, que suponía, en la mayoría de las comunidades autónomas, una ayuda pública de 2.000 euros al cambiar un coche de más de 10 años por otro poco contaminante: los fabricantes aportarían 1.000, las CC AA, 500, y el Gobierno central, otros 500.

El problema es que el Ministerio de Industria se puso un tope: 100 millones de euros o, lo que es lo mismo, 200.000 coches. Las patronales del sector calculan que en torno al 80% de esa cifra ya se ha consumido y que el 100% se alcanzará en noviembre.

A fecha de 16 de septiembre, y según los datos oficiales, ya se habían contemplado 117.000 operaciones subvencionables, lo que supone casi un 60% del total.

Lo que sucede es que la aplicación informática para la gestión de las ayudas tiene una alerta que avisa cuando se llega al 80% del límite de operaciones. Entonces asigna a cada concesionario, en función de las ventas realizadas, la cifra de coches que aún pueden vender con subvención.

El objetivo de este protocolo es ofrecer seguridad: que los vendedores sepan la cifra de operaciones acogidas al Plan 2000E que pueden cerrar. Pero ya hay compradores que, bien sea porque se han agotado los recursos autonómicos previstos o porque su concesionario ha cubierto su cupo, se han encontrado con una respuesta negativa.

¿Más ayudas?

En septiembre se produjo el primer incremento interanual en matriculaciones de turismos en 17 meses (ver gráfico). A este ritmo, advierte el sector, las ayudas se habrán agotado en noviembre: en la primera quincena, según Anfac (fabricantes), o incluso antes según Ganvam (vendedores).

Ambos se agarran al argumento del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que la semana pasada aseguró que el 90% de la ayuda revierte, vía impuestos, en las Administraciones Públicas (estatales y autonómicas).

"Con poco dinero se ha dado un fuerte impulso al sector", señalan desde Anfac. Por eso piden que, en línea con las advertencias internacionales sobre la retirada prematura de las ayudas, se prorrogue la medida.

Pero el Departamento de Sebastián, que este martes presenta su presupuesto de 2010, cree que aún es pronto para hablar de prórrogas, que, de articularse como la ayuda en vigor, precisaría del consenso de las Comunidades autónomas.

De momento, Industria tiene la vista fija en un futuro plan integral para potenciar los coches eléctricos.