Estados Unidos ha hecho este martes un llamamiento a la calma y a la negociación tras el regreso a Tegucigalpa del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya. Asimismo, Washington ha urgido a las partes a la firma "inmediata" del Acuerdo de San José para restablecer el orden en esa nación centroamericana.

Los disturbios no han dejado de sucederse después del regreso por sorpresa del presidente depuesto, Manuel Zelaya, expulsado del país el pasado 28 de junio tras un golpe de Estado que llevó al poder a Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Parlamento.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ian Kelly subrayó que para EEUU la mejor opción sigue siendo el Acuerdo de San José, propuesto por el mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, en su papel mediador, y alentó a su firma e implementación "inmediata". "Enfatizamos la necesidad de diálogo", dijo Kelly, quien recordó que Estados Unidos apoya la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover este diálogo y las acciones del presidente Arias para resolver la crisis.

Kelly pidió a las partes que "eviten cualquier acción que pueda provocar violencia en Honduras y acarrear riesgos o daños personales", después de que se registraran incidentes entre la Policía y simpatizantes de Zelaya, quien se encuentra en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. El portavoz señaló que la embajada estadounidense está haciendo un trabajo "muy activo" para tratar de calmar la situación y urgir a ambos lados a abrir canales de comunicación.

Un acuerdo que no gusta

El portavoz instó al Gobierno "de facto" a respetar "la inviolabilidad de la embajada de Brasil en Tegucigalpa" y a las personas que allí se alojan, según la convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas. Kelly reconoció que la situación es "muy tensa", pero señaló: "Continuamos pensando en que el acuerdo de San José es la mejor vía (...) como ha dicho el presidente Arias, no hay un plan B en este momento", dijo.

El Acuerdo de San José establece, entre otros puntos, la restitución condicionada de Zelaya en el poder, la creación de un Gobierno de reconciliación, una amnistía política para los involucrados en el conflicto, la constitución de una comisión de la verdad, y la verificación internacional.