¿Cuál es el principio básico del Estatut?
El nuevo texto incluye el reconocimiento de Cataluña como nación, recoge el derecho de autodeterminación y alude a los derechos históricos. Se establece el principio de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la Generalitat, se incorpora el deber de conocer el catalán y prevé que Cataluña tenga un papel en las relaciones con la UE en los asuntos que afecten a sus competencias o intereses.
¿Qué instituciones lo respaldarán?
Cataluña estructura su organización territorial en municipios y veguerías y otorga un mayor protagonismo a la administración local y su relación con la Generalitat. Se refuerza la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última instancia judicial y se crea el Consell de Justicia de Cataluña, un organismo similar al Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué competencias exige?
El aumento de las competencias es uno de los objetivos principales del Estatuto. Se especifican las obtenidas y se solicitan al Estado la delegación de otras:
- Régimen de estancia y residencia de extranjeros y el régimen sancionador de extranjería.
- Capacidad de gestión de los puertos y aeropuertos situados en Cataluña.
- Autorización para convocar de consultas populares a través de un referéndum.
- Gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en Cataluña.
- Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
- Poder determinar los órganos rectores, el estatuto jurídico y el régimen de creación, fusión, liquidación y registro de las cajas de ahorro domiciliadas en su territorio.
¿En qué consiste el problema de la financiación?
El borrador aprobado otorga una mayor autonomía económica para la región y fija la relación tributaria de Cataluña y el Estado. La Generalitat tendrá capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos estatales soportados en Cataluña, así como sobre la participación en sus rendimientos.
Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria de Cataluña se encargará de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios y cedidos.
Además, parte de los rendimientos de los impuestos cedidos a Cataluña se traspasarán al Estado para la financiación de sus servicios y competencias. El porcentaje de participación del Estado sobre los impuestos no podrá superar el 50%.


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