En pleno debate sobre si se debe regular y prohibir la prostitución en la calle, los macroburdeles Riviera y el Saratoga de Castelldefels permanecerán cerrados medio año más. La jueza que investiga una presunta red de corrupción policial ha decidido prorrogar la clausura cautelar de los dos locales seis meses más (la anterior fechaba del mes de marzo), tal y como había solicitado la Fiscalía de Catalunya.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha reiterado que se opone a crear en la capital catalana un barrio rojo que acoja todo el negocio de la prostitución, similar al que ya existe otras ciudades europeas.

Hereu rechazaba así, como ya hizo el pasado viernes, la propuesta avalada por ICV –sus socios de gobierno en el consistorio– a raíz de la polémica abierta la pasada semana sobre la práctica de la prostitución en el centro de Barcelona. El alcalde alegó que ninguna zona de Barcelona con residentes «aceptaría convertirse» en un prostíbulo.

Mientras tanto, el presidente de CiU, Artur Mas, aboga por eliminar la práctica de la prostitución en los espacios públicos de Catalunya. Y el diputado en el Congreso y secretario general de ICV, Joan Herrera, solicita una regulación fiscal específica para las prostitutas con el fin de atajar la situación de ilegalidad en la que se encuentran, ya que no declaran impuestos ni cotizan en la Seguridad Social. En esta misma línea se manifiesta Joan Ridao, de ERC, y asegura que trasladará al Congreso un debate sobre la prostitución para regular su ejercicio con una ley estatal.

Los burdeles de Barcelona también muestran su opinión: quieren que su negocio se regule. «Es el trabajo más antiguo del mundo, pero no es decente hacerlo en la calle», aseguraba la madame de una sauna, que solicitó la apertura de más burdeles para evitar la prostitución en la calle y porque en ellos las chicas pasan revisiones médicas.