Alemania y Holanda fueron los primeros que expresaron sus críticas contra la forma en la que España había puesto en marcha la regularización de ilegales "no por el sistema en sí, sino por el hecho de que España no haya consultado con el resto de los Estados miembros antes de ponerlo en marcha ya que se afecta a todos los países"
La insistencia de esos dos países ha llevado a la presidencia luxemburguesa de turno de la UE a elaborar una propuesta para crear un sistema de información y alerta previa sobre inmigración en los casos en los que se tomen decisiones importantes, como los planes de regularización de ilegales, idea a la que se ha sumado la Comisión.
Esta cuestión se ha incluido en el orden del día del próximo Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, que se celebrará el día 24.
Al respecto, el portavoz europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Friso Roscam, señaló hoy que desde la Comisión Europea "vemos ventajas en este tipo de campañas de regularización, porque permite salir a los clandestinos de la marginación", pero "al mismo tiempo" puede producir "inconvenientes para otros Estados miembros".
Roscam se refirió en este punto a un estudio elaborado por la Comisión el pasado mes de junio sobre los lazos entre la inmigración legal y la clandestina, y que refleja la opinión de Bruselas sobre esta cuestión. El estudio señala que "de cierta forma, las regularizaciones constituyen una forma de incitación a la inmigración clandestina".
Según explica el informe, los Estados miembros que han llevado a cabo este tipo de programas, de gran amplitud, han tenido que tomar medidas aún más importantes "tan sólo algunos años después".
Un análisis detallado realizado en ocho Estados miembros señala que esos planes de regularización se habían realizado, como media, cada 6,5 años, lo que "prueba la persistencia de la inmigración y la reconstitución de ciertas 'reservas' de inmigrantes clandestinos".
Según datos de la Comisión Europea, desde la década de los setenta se han producido 26 operaciones de este tipo en Europa.
Las cuestiones relacionadas con la inmigración legal han sido en los últimos meses las que más debates han suscitado en el seno del Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, que no logró ponerse de acuerdo para que estos temas pasen a ser decididos por mayoría cualificada en lugar de la actual unanimidad, por la oposición, entre otros de Alemania y Polonia.
Mientras, el primer ministro belga de Interior, el liberal flamenco Patrick Dewaek, visitaba el viernes a Dinamarca para conocer la política de asilo e inmigración que aplica el Gobierno de este país y que ha sido calificada de "excesivamente dura".



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