Las claves del nuevo modelo de financiación
- Las comunidades autónomas dan el visto bueno al nuevo modelo.
- Seis autonomías gobernadas por el PP se han abstenido
- El Gobierno ha ofrecido 11.000 millones de euros adicionales.
- ECO ®
- Poca actividad social ¿Qué es esto?
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Las claves del nuevo modelo son las siguientes:
1.- ¿Qué es el sistema?
Es la forma que tiene el Gobierno central de financiar los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas, como la educación, la sanidad y otras competencias transferidas hace años.
2.- ¿Por qué se reforma?
El Gobierno creyó oportuno reformar el modelo dado el incremento de población registrado por algunas comunidades y la necesidad de dotar con más recursos algunos servicios. Además, era necesario dar respuesta al Estatuto de Cataluña, una ley orgánica de obligado cumplimiento que establece un sistema de financiación para esa comunidad.
3.- ¿A qué comunidades afecta?
A las quince de régimen común -todas salvo las dos forales: País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema propio- y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
4.- ¿Cuánto dinero supone?
El Gobierno ha ofrecido 11.000 millones de euros adicionales al sistema, que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. La última liquidación conocida del modelo de financiación autonómica corresponde a 2007 y ascendió a 114.357 millones de euros en 2007, con un incremento del 3,9% respecto al año anterior.
5.- ¿En qué fondos se distribuye y a qué se destinan?
El Gobierno ha propuesto cuatro fondos. Uno de ellos garantizará la prestación de los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales- residan donde residan. Supone el 80% del sistema y se financiará con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades y un 5% procedente del Estado.
De cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos irán a parar a una bolsa común para garantizar que todos ciudadanos dispongan de esos servicios, mientras que las autonomías podrán disponer libremente del 0,25% restante.
Otro fondo es el de Suficiencia Global, sufragado íntegramente por el Estado y que pretende asegurar el mantenimiento del "statu quo" de las comunidades financiando las otras competencias que tienen transferidas. Para reducir las diferencias de financiación per cápita, la propuesta prevé un Fondo de Competitividad que se calculará anualmente. Estos dos suponen el 16,5% de los recursos.
El cuarto fondo es el de Cooperación, que se distribuirá entre las comunidades de menor renta y las que registren una evolución negativa en su población. Representa el 3,5%.
6.- ¿Qué variables se tienen en cuenta a la hora del reparto de los fondos?
Fundamentalmente el número de habitantes, que pondera el 30%. Por su parte, la población protegida (gasto sanitario), dividida en siete grupos de edad, pondera el 38%, y la escolar, el 20,5.
Por su parte, el envejecimiento pondera un 8,5%; la superficie, un 1,8%; la dispersión, un 0,6, y la insularidad, otro 0,6.
Para dar respuesta a las peticiones de las comunidades, en esta ocasión se tendrá en cuenta la densidad, la superficie y el bilingüismo.
7.- ¿Cómo se ha incrementado el porcentaje de la cesión de impuestos?
El nuevo modelo prevé ceder el 50% del IRPF y del IVA, frente al 33 y 35 del actual, y el 58% frente al 40 de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco, alcoholes y cerveza y el 100% de los impuestos de electricidad y matriculaciones. Les da también a las comunidades una mayor capacidad normativa.
Mientras en el actual el 70% de todos los recursos de las comunidades proviene de los cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo ese porcentaje pasaría a ser el 90%.
8.- ¿El modelo equilibra la financiación per cápita?
El Gobierno entiende que sí, al reducir las diferencias actualmente existentes hasta en un 25% en el primer año de aplicación. Así, mientras que ahora las diferencias de financiación per cápita entre la que más tiene y la que menos es de 40 puntos, ahora se pretende rebajar hasta los 30 puntos.
9.- ¿Tiene el modelo fecha de caducidad? ¿Cuándo se revisará?
El sistema tendrá mecanismos anuales de revisión, pero cada cinco años un Comité informará sobre posibles modificaciones, que someterá a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera.


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