La Comunidad de Madrid aprueba la regulación de la Cañada Real

Cuando la Asamblea de Madrid finalmente apruebe la ley, la Comunidad dará un año de plazo a los ayuntamientos afectados - Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid - para que reformen sus planes urbanísticos para incluir los terrenos que les corresponden en una vía que se extiende unos 14,2 kilómetros y tiene una anchura de unos 75 metros.

'A partir de ese momento, la Comunidad de Madrid podrá enajenar, ceder o permutar los terrenos desafectados', dijo la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Las administraciones coinciden en que la regulación de la zona, que con una población de unas 40.000 personas está considerado el mayor asentamiento ilegal de España, no se puede abordar si no se lleva a cabo paralelamente un plan social que contemple realojos, sanidad, educación, y que debe coordinarse.

'Antes de todo esto tiene que haber un acuerdo social', indicó Mariño, que precisó que las administraciones locales, la Delegación del Gobierno - encargada de la seguridad - y organizaciones de la sociedad civil tienen que aportar sus ideas al respecto.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Mientras modifican sus planes generales de urbanismo, los ayuntamientos elaborarán un censo de población y fincas en un plazo de seis meses, tras lo cual se iniciarán las reuniones para determinar la estrategia social y se hablará con todos los afectados, según la Comunidad de Madrid.

Las administraciones advirtieron de que la regulación del suelo no implica que automáticamente se les conceda una casa.

'Ni siquiera bastaría que fuera una vivienda que fuera habitual, tendría que ser la vivienda habitual ocupada por personas que carezcan de los recursos económicos suficientes para asegurarse una vivienda de acuerdo con sus ingresos y patrimonio', declaró el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

'Son circunstancias muy, muy especiales e insisto en que no se puede hablar de derechos de propiedad cuando de lo que estamos hablando es de un suelo público que nunca ha realizado ningún acto de enajenación', agregó.

Mientras, desde una de las zonas más deprimidas de la Cañada Real, cerca de la incineradora de Valdemingómez, uno de los sacerdotes que trabajan con las personas más desfavorecidas dice que el hecho de que se exista un ordenamiento jurídico del suelo es positivo aunque algunos temen que no llegue la ayuda social y simplemente derriben sus viviendas.

La situación es muy compleja porque hay familias con derechos adquiridos, otras cuya antigüedad en las viviendas es dudosa, ocupaciones ilegales, una zona habitada principalmente por marroquíes y el lugar donde se ubica el mayor 'hipermercado' de la droga de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha derribado más de 100 construcciones, 23 chavolas, un puente y cinco naves industriales en los últimos dos años para evitar que crezca el asentamiento ilegal, que ha sufrido inundaciones en los últimos meses al estar situado en una zona natural de evacuación de agua.