El número de presos condenados por maltrato sube un 291% en año y medio

El endurecimiento de las penas de uno de los delitos con mayor repercusión social, la violencia machista, ha provocado un efecto secundario: el fuerte incremento del número de presos condenados por maltrato.

Si el 1 de enero de 2008 había 930 reclusos por violencia machista, la cifra subió a 2.615 en diciembre de 2008. Ahora, a 30 de junio de 2009, ya hay 3.645, lo que supone un aumento del 40% en los últimos seis meses y de un 291% en año y medio, según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias. Estos internos suponen el 5,5% del total de la población reclusa (66.068 internos), ya que en estas estadísticas no están incluidos los 10.466 presos que dependen de Cataluña.

Los archivos de Instituciones Penitenciarias también incluyen a otras 22.760 personas condenadas por maltrato, pero que no están en prisión porque sus delitos no eran demasiado graves y no son reincidentes.

De ellos, 12.653 están cumpliendo o tienen que cumplir trabajos en beneficio de la comunidad y a los otros 10.107 el juez les ha suspendido la condena a cambio de que participen en programas de tratamiento o de reeducación de maltratadores.

Muchos de estos penados sin prisión tienen dictadas además órdenes de alejamiento de sus víctimas. Precisamente, para mejorar el control de los agresores con esas medidas de protección en vigor el Gobierno presentó ayer los primeros 3.000 brazaletes GPS para maltratadores.

Desde el 24 de julio

Estos brazaletes estarán a disposición de los juzgados de toda España a partir del 24 de julio. Además de controlar, el objetivo es que funcionen como medida disuasoria para los agresores.

Para la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, esta pulsera "es un símbolo de lo que la sociedad tiene que decir al agresor: 40 millones de españoles te estamos vigilando. No te acerques a ella".

Con un presupuesto de 5 millones de euros, los 3.000 dispositivos cubren sólo el 9% de las 28.000 órdenes de alejamiento dictadas en 2008.

Desde que entró en vigor la ley en 2004 los jueces han dictaminado 152.000 de estas medidas. Aído explicó que estos 3.000 brazaletes sirven para cubrir las situaciones de mayor riesgo. El Gobierno no descarta ampliar la cobertura si, después de su implantación, se detectan carencias.

El sistema de pulseras para controlar a los maltratadores quedó regulado en 2004, pero hasta la fecha sólo dos comunidades, Madrid y Baleares, lo han implantado. En Madrid, el Gobierno regional tiene activos en la actualidad 116 brazaletes, mientras que en Baleares hay 25.

El sistema GPS ya se usa en brazaletes que utilizan algunos presos cuando salen de permiso. En noviembre, un recluso que lo llevaba mató a su ex mujer e intentó asesinar a su actual pareja porque hubo un fallo en el sistema que controlaba su pulsera.

Un brazalete y dos transmisores GPS

En realidad los 3.000 brazaletes son 9.000 terminales, ya que el agresor llevará dos dispositivos y la víctima sólo uno, similar a un teléfono móvil, que informa de su localización al centro de control y permite comunicarse con él por voz, mensaje, o pulsando el botón de pánico.

• Cuando un juez decida que un maltratador debe llevar el brazalete, deberá comunicárselo a la Policía y al centro de control como máximo en 24 horas para que se inicie el protocolo de seguridad.
• El agresor llevará el brazalete fijado a su muñeca o a su tobillo y una unidad de rastreo GPS para controlar sus movimientos y su ubicación las 24 horas del día los 365 días del año.
• El brazalete, que se alimenta de pilas de litio, tiene una vida útil de seis meses, y está hecho de un material hipoalergénico y resistente al agua.
• La pulsera transmite señales a la central de control y a la víctima e informa si el agresor se aproxima a menos de 500 metros de ella.
• El operativo policial de protección también se activará si se rompe el brazalete o el agresor consigue quitárselo o logra separarlo de la unidad de GPS. Se informará a la protegida en cuanto falle el sistema.

Más reclusos por delitos de tráfico

La reforma de la Ley de Seguridad Vial, que ha endurecido las condenas, también ha provocado un fuerte incremento en el número de presos por delitos de tráfico. Si el 1 de enero de 2008 había 275 reclusos por este motivo, ahora hay 662, un 140% más. Una cifra importante que es aún mayor si se suman además los internos que, aunque están en la cárcel por otro delito más grave, incluyen en el global de su condena delitos de tráfico.

Con esta nueva suma el número asciende a 2.674 internos. Conducir a una velocidad excesiva o hacerlo sin carné, castigado desde la última reforma legal con penas de entre tres y seis meses de prisión, no suelen acarrear cárcel si no se es reincidente y las infracciones no han sido graves. En su lugar, la cárcel se ha sustituido por trabajos en beneficio de la comunidad para 73.000 infractores.