«No se están cumpliendo las expectativas generadas por la Ley de Dependencia en cuanto a la creación de empleo». Así lo denuncia el secretario provincial de CCOO, Rafael Rodríguez, algo que se achaca a un desarrollo inadecuado de esta normativa. Desde el citado sindicato se calcula que esta ley ha creado en Córdoba entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo menos de los previstos.
El motivo es el excesivo número de cuidadores sin experiencia que ejercen actualmente. Según datos de la Junta, 29.700 cordobeses han solicitado una ayuda en base a esta normativa. De ese total, el 86,6% ya ha sido valorado.
Es más fácil gestionar una prestación que ofrecer directamente el servicio
Además, unos 13.000 ya cuentan con una propuesta de resolución y unos 11.800 ya reciben una prestación por su falta de autonomía personal. De esa cuantía, alrededor de un 50% cuenta con una prestación económica para el familiar cuidador.
La secretaria regional de Política Social y Migraciones de CCOO, Rosa Berges, explica que muchos de ellos son mayores que no se dan de alta en la Seguridad Social ni tienen la formación precisa, por lo que ocupan un puesto de trabajo que podría estar desempeñando un profesional.
La citada dirigente sindical acusa a las administraciones de no hacer nada al respecto. «Es más fácil gestionar una prestación económica que ofrecer directamente el servicio», señala Berges.
Desde el sindicato también se denuncia que los más de 800 trabajadores de la ayuda a domicilio en la capital no han cobrado aún la nómina de junio. El responsable de Política Social de CCOO en Córdoba, Said Faz, reclama al Consistorio y a la empresa concesionaria que se pongan de acuerdo para pagar los atrasos.
Disparidad en los salarios
Los responsables de CCOO acusan a las instituciones de no cumplir el convenio colectivo que regula la ayuda a domicilio, que fija un pago al trabajador de 13 euros por hora. Según los datos facilitados por el sindicato, la Diputación, que presta este servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes, abona la hora a una media de 11,50 euros.
Otros ayuntamientos, como el de Montilla, sólo pagan 9,91 euros. En el caso de la capital, sí se cumple la normativa, al llegar a los 13 euros.
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