El franquismo puso en marcha en los primeros años del régimen una máquina despiadada para acabar con sus enemigos, una ingeniería de "aberraciones jurídicas" que buscaba desposeer a los vencidos de sus bienes y dignidad, se explica en La gran represión, un ensayo colectivo publicado por Flor del viento.
La gran represión es un nuevo volumen de la colección "Con Franco vivíamos peor" que recopila varios estudios, coordinados por Mirta Núñez Díaz-Balart -con trabajos de análisis de los historiadores Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez- que dan fe del régimen de terror y la persecución sistemática y con carácter de Estado que padecieron cientos de miles de españoles hasta la década de los cincuenta.
Mirta Núñez explica que tras los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, y la represión económica de los vencidos durante la guerra y postguerra, hubo una "premeditación de Estado" dirigida a "domesticar a la población".
Esta estrategia de persecución y "encapsulamiento ideológico" fue exitosa, gracias en parte a la contexto internacional que tras la Segunda Guerra Mundial no sólo toleró la dictadura franquista, sino que recibió el apoyo expreso de Estados Unidos.
Para Núñez, el desinterés de la gente joven hacia lo ocurrido entonces es el "gran logro" de la Transición, ironiza la historiadora sobre una situación que ha degenerado, añade, en una "despolitización progresiva" de la sociedad española, por lo que subraya la importancia de desvelar estos acontecimientos documentados.
Tras una primer capítulo dedicado a intentar explicar "el porqué y el para qué" de la represión, a cargo de la misma historiadora, Manuel Álvaro Dueñas hace en el libro un repaso de cómo el franquismo se dedicó a modificar leyes para intentar legitimarse y expoliar a los perdedores.
Este proceso culminaría con la Ley de Responsabilidades Políticas que dejó en la miseria a miles de familias o entidades que habían estado vinculadas a la República, y cuyas propiedades y bienes fueron incautadas por los golpistas intentando dar a este proceso un falso barniz de legalidad.
Un informe para el juez Garzón
La segunda parte de la obra, se centra en la represión judicial y militar en Huelva, entre 1936 y 1945, un trabajo de Francisco Espinosa y José María García Márquez. Esta provincia andaluza sirve como paradigma del exterminio premeditado que el Franquismo infringió a la población considerada desafecta a sus propósitos, una violencia que, según los autores, está documentada en esta zona en cerca de un 80% de sus víctimas.
El libro se cierra con un informe sobre la represión, a cargo de Espinosa Maestre, que recoge el conjunto de investigaciones existentes sobre la violencia institucional del régimen durante la guerra y la posguerra.
Este estudio, que originalmente fue elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5, presidido por Baltasar Garzón, es "un resumen del estado actual de los estudios e investigaciones de la represión franquista".
Para el profesor de la Universidad Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, La gran represión es un "libro extraordinario" por que explica la formulación jurídica en la que el Franquismo basó su represión, la "aberración" que supuso la promulgación leyes de aplicación retroactiva, una "maleabilidad legal" que tenía como objetivo "ejemplificar sobre la víctimas el impacto que la dictadura quería impulsar".
Sánchez Cervelló apunta que el libro desvela también la "mecánica de la infamia" y los "rituales de la humillación" que la dictadura puso en marcha para aniquilar la dignidad de decenas de miles mujeres del bando republicano, quienes además de sufrir violaciones sistemáticas por parte de las tropas falangistas durante la guerra, fueron "reeducadas" en "reformatorios especiales" donde padecieron vejaciones de todo tipo.
En este sentido, Mirta Núñez cree que la Iglesia Católica no ha reconocido todavía el importante papel que jugó en esta represión, ya que muchos de estos centros de reeducación fueron gestionados por el clero.
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