La Renta Básica de Emancipación no está cumpliendo su función. Esta ayuda de 210 euros para inquilinos acumula retrasos de hasta 15 meses desde que se solicita hasta que comienza a ingresarse cada mes, denuncia el PP.

La Junta asegura que ha tramitado y resuelto el 74% de las solicitudes presentadas, pero no aclara que el tapón se encuentra a la hora del ingresar la cantidad en la cuenta del inquilino. Esa transferencia corre a cargo del Ministerio de Vivienda, no de la administración andaluza.

Según el diputado autonómico y portavoz de Juventud del PP en el Parlamento andaluz Miguel Ángel Ruiz, sólo 1.622 malagueños de los más de 6.000 que han solicitado la RBE desde enero de 2008 han recibido esta ayuda.

Otros 1.650 tienen el subsidio concedido, pero llevan meses esperando el dinero. Y 2.800 más aún aguardan una respuesta positiva o negativa a su solicitud, detalla el representante del PP.

En este sentido, Ruiz explica que muchos jóvenes se fueron de casa de sus padres porque la Junta les había concedido la ayuda, «pero pasaban los meses y el dinero no llegaba, por lo que tuvieron que acabar por volver al hogar paterno».

Problemas para comprar

«Málaga es la provincia andaluza más castigada por el problema de la vivienda joven y la última en cuanto a pagos de la Renta Básica de Emancipación», subraya Ruiz.

Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda (Objovi), mientras que un joven andaluz tendría que ganar un sueldo de 3.000 euros al mes para comprarse un piso sin pasar apuros económicos, un malagueño debería percibir 3.900 euros al mes. «Se trata de cifras desorbitadas, prácticamente ningún joven gana esa cantidad a día de hoy», añade.

El diputado popular propone que se aceleren los trámites para que los pagos de estas ayudas se efectúen en el plazo máximo de un mes. «Se trata de una propuesta muy necesaria para hacer la RBE realmente útil y eficaz».

Los requisitos

Quienes quieran beneficiarse de la RBE deben tener entre 22 y 30 años, ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda en la que residan con carácter habitual y permanente (no sirven los contratos por menos de 12 meses que algunos propietarios usan para cercenar derechos de los inquilinos).

Los ingresos mensuales del solicitante no pueden superar los 22.000 euros brutos, ya sean por trabajar por cuenta propia, ajena, una beca, recibir la prestación por desempleo u otras modalidades.