'Nuestro objetivo en esta materia ha sido siempre muy claro: inmigración legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanía, y para conseguirlo en esta ley hemos apostado por el consenso, el rigor y la eficacia', dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega describió el texto como equilibrado y garantista, y afirmó que el Gobierno quería pasar de una Ley de Extranjería a una Ley de Inmigración.
El Consejo aprobó el proyecto tras estudiar los informes realizados por organismos como el Consejo de Estado, el Foro de la Inmigración y el Consejo General del Poder Judicial.
Entre las novedades de la reforma figuran la ampliación a 60 días del período de internamiento en situación irregular, frente a los 40 de la actualidad. 'Se trata de poder hacer las cosas mejor', afirmó De la Vega sobre esta iniciativa, considerada necesaria para poder tramitar las expulsiones.
En relación con la situación de los menores extranjeros no acompañados, se ha incluido la necesidad de que el menor participe en los procesos de repatriación, de forma que los mayores de 16 años puedan intervenir en dichos procesos.
En lo que respecta a la reagrupación familiar, los ascendientes de los inmigrantes deberán ser mayores de 65 años para que su llegada no afecte al mercado laboral, o existir razones humanitarias para autorizar su entrada en el país. El Gobierno considera que de esta forma se mejora la futura integración y se da prioridad a la familia nuclear.
La nueva formulación del texto prevé además la entrada de las parejas de hecho, y que a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género se les concederá una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
MODIFICACIÓN DE LAS SANCIONES
Respecto a las infracciones, el texto ha reformulado la sanción que persigue la promoción de la inmigración irregular para dejar fuera de toda duda que no se van a perseguir conductas de acogida humanitaria, como las que llevan a cabo las ONG.
La nueva ley incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone igualmente las diferentes directivas europeas aprobadas sobre la materia.
La vicepresidenta confió en que, ahora que el proyecto de ley inicia su andadura parlamentaria, todos los grupos políticos busquen 'desde la responsabilidad el consenso que necesita esta ley', una norma que ha sido modificada en varias ocasiones para adecuarla a las diferentes situaciones migratorias que ha registrado el país.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que ha fomentado desde su llegada al Gobierno este año una línea migratoria más estricta, informará el sábado más detalladamente sobre el texto, dijo De la Vega.
En España viven alrededor de 5,6 millones de ciudadanos extranjeros, según los datos provisionales del padrón efectuado por el Instituto Nacional de Estadística.
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