El Consejo de Ministros aprueba un fondo: 9.000 millones de garantía para los bancos

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley orgánica que reforma la ley de extranjería, para remitirlo al Congreso, y el decreto ley para la reestructuración bancaria y el refuerzo de los recursos propios de las entidades de crédito.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que, a pesar de que el sistema financiero español tiene una "probada solvencia", algunas entidades podrían "tener dificultades en los próximos meses".

De la Vega indicó que con este fondo el Gobierno pretende facilitar la reestructuración bancaria, "manteniendo la confianza en el sistema financiero e incrementando su fortaleza". "Vamos a seguir generando confianza y dando apoyo", manifestó.

Según la vicepresidenta, el fondo persigue un doble objetivo: garantizar la reestructuración de las entidades de crédito, entre las que incluyó bancos, cajas, cooperativas y establecimientos de crédito, y reforzar los recursos propios en procesos de integración para que ninguna entidad tenga problemas.

Una dotación inicial de 9.000 millones

El fondo tiene una dotación inicial de 9.000 millones, aportado en dos terceras partes por el Gobierno (6.000 millones) a cuenta de los fondos no utilizados del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), y en un tercio por los FGD (3.000 millones). Sin embargo, tiene una capacidad para endeudarse de hasta 90.000 millones.

La propuesta de reordenación del sistema contempla la posibilidad de que el Banco de España obligue a emprender procesos de integración a las entidades que reciban dinero público del FROB. 

No obstante, antes de llegar a esta última fase, la entidad en problemas deberá buscar una solución privada que podría ser una fusión o el apoyo de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas, creados con recursos privados, pero que podrán recibir inyecciones de dinero público.

Sobre la mesa del Consejo estaban también los informes del anteproyecto de la ley general audiovisual, que regula las diferentes modalidades de televisión, y de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Regular la TDT de pago

El citado anteproyecto acota las reagrupaciones familiares de los extranjeros, eleva el plazo máximo de internamiento de los irregulares y concede permisos de residencia a las inmigrantes víctimas de violencia doméstica para que no tengan miedo a denunciar.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de anunciar el jueves que el Consejo estudiará hoy el informe del anteproyecto de la Ley general audiovisual. Entre otras cuestiones, creará un Consejo estatal de medios audiovisuales con capacidad sancionadora y regulará la TDT de pago, la alta definición, la televisión en el móvil y la interactividad.

Como trasposición de una directiva europea, la norma regulará también la publicidad en televisión e introducirá buenas prácticas en defensa de los menores y del pluralismo informativo.