El denominado 'caso Gürtel', que implica a decenas de personas, ha salpicado a altos cargos del Partido Popular que supuestamente habrían recibido regalos y dinero a cambio de adjudicación de contratos a la empresa dirigida por Francisco Correa.
Un informe de la Agencia Tributaria ha concluido que hay indicios de delito fiscal en la ramificación del caso que se instruye en Madrid, por lo que la Abogacía del Estado tiene que actuar de oficio para defender los intereses de Hacienda.
'En cuanto se determine qué tribunal es competente, si el Supremo o el TSJ (de Madrid), o si se divide la investigación, la Abogacía se personará', indicó el portavoz.
El lunes el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, elevó el 'caso Gürtel' al Supremo, al ver indicios de delito contra el senador y actual tesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino.
El juez ha enviado una exposición razonada a raíz de recibir informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria en los que habría detectado indicios de delitos contra la hacienda pública y cohecho por parte de Bárcenas y de cohecho en el caso de Merino.
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, consideró 'lógico y normal' que la Abogacía se persone en este caso ya que se están investigando delitos contra la hacienda pública.
'Los intereses de la hacienda pública son los intereses de todos los españoles', declaró Alonso en rueda de prensa en el Congreso.
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