El juez ha enviado una exposición razonada a raíz de recibir informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria en los que habría detectado indicios de delitos contra la hacienda pública y cohecho por parte de Bárcenas y de cohecho en el caso de Merino.
La condición de aforados de ambos hace que el tribunal madrileño no tenga competencia para citarles y tomarles declaración, por lo que el magistrado pide al Supremo que asuma la totalidad de las actuaciones 'para mantener la unidad del procedimiento y para evitar la ruptura de la causa'.
El denominado 'caso Gürtel', que implica a decenas de personas, ha salpicado a altos cargos del Partido Popular que supuestamente habrían recibido regalos y dinero a cambio de adjudicación de contratos a la empresa dirigida por Francisco Correa.
Entre los dirigentes imputados se encuentra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; su número dos, Ricardo Costa; y tres diputados 'populares' en la Asamblea de Madrid.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha declarado que si se demuestra que un militante del PP ha 'hecho cosas que no son aceptables', el partido actuará en consecuencia.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que inició la instrucción del caso, ya vio indicios de delito en la actuación del tesorero del PP, antes de inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia.
En un auto, Garzón dijo que Bárcenas había recibido presuntamente una suma de de 1.353.000 euros, mientras que el senador 'popular' negó tener ninguna relación con Correa.
'Es manifiestamente falso que haya mantenido relación ilícita alguna, directa o indirectamente, con el señor Correa o cualesquiera de sus empresas', declaró Bárcenas en abril en un comunicado remitido por su partido, añadiendo que sus ingresos y patrimonio están totalmente acreditados ante Hacienda y el Senado.
Bárcenas negó que las siglas 'L.B.' que Garzón menciona en su auto correspondan a su persona y anunció acciones legales.
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