El Consejo Constitucional de Francia ha censurado parte de la polémica ley contra la piratería en Internet, en concreto la que estipula que una autoridad administrativa puede cortar el acceso a la red.
El Consejo Constitucional da la razón al Partido Socialista, que presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar contrario a la Carta Magna que se corte el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial que lo indique.
La controvertida ley, aprobada el pasado mayo por el Senado y la Asamblea Nacional, estipula que los internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les corten el acceso entre seis meses a dos años.
De acuerdo con el texto, la entidad encargada de fijar las sanciones sería la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet, la HADOPI, nombre con el que se conoce a la polémica normativa.
Libertad de expresión
El Consejo señala que la libertad de comunicación y expresión prevista en la Declaración de los Derechos Humanos implica "la libertad de acceder a los servicios de comunicación al público en línea" y que, por lo tanto, sólo una autoridad judicial tiene capacidad de limitar esa libertad.
En términos similares se pronunció también el Parlamento Europeo el pasado 6 de mayo, cuando aprobó una enmienda en la que señala que el corte del acceso a Internet sólo puede dictarse a través de una decisión judicial.
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