El Consell se pone las pilas y cierra otra residencia

«Nos han utilizado de cabeza de turco». Con estas palabras recibió ayer Rafaela Ruiz, gerente de la vivienda tutelada para enfermos mentales Arco Iris, la noticia de que la Conselleria de Bienestar Social ha ordenado el cierre inmediato de su centro. La decisión se producía cinco días después de que un juez encarcelara a la ex directora y a una antigua empleada de otra residencia para discapacitados, en L’Eliana, por un presunto delito de maltrato, y de que el Consell decretara su clausura.

El centro que dirige Ruiz, en la calle Les Centelles, había solicitado autorización para ofrecer servicios como vivienda tutelada, pero debido a «las deficiencias de carácter estructural y administrativo detectadas, los servicios técnicos han recomendado el cese de las actividades», explicaron ayer desde Bienestar Social, sin concretar a qué tipo de anomalías se referían.

Sin embargo, Ruiz aseguró a 20 minutos que no había recibido ninguna notificación («me he enterado por los periodistas», dijo), y que la última inspección que hubo en el centro fue hace más de dos años. «Si todo estaba correcto entonces, ¿por qué dicen esto ahora?», se preguntaba la gerente. «Estamos funcionando desde hace más de 12 años; tenemos en la actualidad siete pacientes y cuatro monitores, mientras que la normativa sólo nos exige uno. Además, hemos realizado varias obras de mejora», comentó Ruiz.

La gerente explicó también que la norma establece que las residencias deben tener 600 metros cuadrados y 40 pacientes como mínimo. «Creo que se da una atención más personalizada a grupos más reducidos, por eso opté por la fórmula de una vivienda tutelada».

El Consell, por su parte, informó que realojará a los internos en otros centros.

Casi dos millones para la seguridad

Bienestar Social también aseguró ayer que la residencia de mayores de Carlet, donde el domingo falleció una anciana de 91 años a causa de un incendio, cuenta con un plan de emergencia y evacuación. En el suceso también resultó herida otra mujer, de 87, que al cierre de esta edición continuaba ingresada en la unidad de quemados del hospital La Fe. La Conselleria dijo además que en los últimos cinco años ha invertido 1,3 millones para «mejorar la seguridad» del geriátrico.