Al Ayuntamiento de Valladolid no le ha quedado otra que rectificar, tras la advertencia del Consejo de Cuentas, y cobrar a las constructoras la tasa urbanística que les había perdonado.

En total son 283 afectados que ahora deberán pagar los 373.471 euros que no abonaron entre mediados de 2005 y el 31 de diciembre de 2007 por la amnistía general que dio el consistorio.En aquel entonces (2005), el Ayuntamiento, basado en unos informes de la asesoría jurídica,

«Había una sentencia del Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento de Zaragoza que decía que era ilegal el cobro de esta tasa y, por eso, decidimos no cobrarlo», explicó el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco.

Sin embargo, en las ordenanzas del Ayuntamiento figuró el cobro de la tasa durante casi dos años más (hasta el 31 de diciembre de 2007), cuando finalmente se derogó la norma.

Por eso, el Consejo de cuentas, tras una denuncia del Partido Socialista, advirtió al Ayuntamiento que si pasaban tres años y prescribía este cobro, el consistorio podría incurrir en responsabilidades contables.

El plazo (los tres años) se cumplía a mediados de este año y el Ayuntamiento, el 27 de febrero, aprobó por decreto realizar el cobro de las cantidades que se habían perdonado.

«Al igual que la otra vez nos dijeron que no lo cobrásemos, los servicios jurídicos nos han recomendado ahora que lo hiciésemos. Y eso hemos hecho», indicó Blanco.

Se restablece la legalidad

Por su parte, el concejal socialista que denunció los hechos, José Francisco Martín, aseguró que gracias a su partido se ha devuelto la legalidad a la ciudad, el Ayuntamiento no pierde dinero y alguno no va a la cárcel.

«Sí, sí. Si el concejal no hace caso al Consejo de Cuentas esto acaba en Fiscalía», aseguró a 20 minutos.

«El problema es que, como siempre, se quiso beneficiar a determinados promotores en contra del resto de ciudadanos que sí pagan sus impuestos», aclaró.

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