La Diputación de Vizcaya ha interceptado este año a once jóvenes inmigrantes mayores de edad que residían en centros de acogida exclusivamente destinados a chavales menores de 18 años.
Estos extranjeros se servían de pasaportes falsos, con la fecha de nacimiento alterada. Lograban así los derechos de los foráneos sin papeles menores de edad: vivir en el albergue y no poder ser expulsados a su país.
Pero los rasgos físicos maduros de cuarenta inmigrantes hicieron sospechar a los responsables de la Diputación. Prácticamente todos ellos eran africanos. Para dilucidar su edad, se les hicieron radiografías en los dientes, muñecas y omoplatos. Los médicos concluyeron que once eran mayores de 18.
La Fiscalía de Menores les puso una demanda penal. Siete huyeron al saber que iban a ir a por ellos. La Policía Nacional fue a recoger a los centros de menores a los otros cuatro. El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, informó ayer de que «la mayoría» de estos cuatro están siendo atendidos actualmente por entidades financiadas por la Diputación.
El responsable foral explica que echar el lazo a esos once inmigrantes era «su obligación». Recordó que se estaban beneficiando de condiciones que no les correspondían y lamentó que si alguno de ellos hubiera cometido alguna falta, la opinión pública se habría abalanzado contra él.
Las ONG, en cambio, desconfían de este prurito por detectar a los mayores de edad, en un colectivo tan desamparado.
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