La administración Obama encuentra muchos obstáculos para cerrar Guantánamo

  • La Cámara de Representantes ha denegado el presupuesto.
  • El régimen jurídico y la ubicación de los presos son problemáticos.
  • A partir del 20 de mayo se podrían reanudar los juicios especiales.
Un preso de Guantánamo, transportado en camilla. (ARCHIVO)
Un preso de Guantánamo, transportado en camilla. (ARCHIVO)
Un preso de Guantánamo, transportado en camilla. (ARCHIVO)

Uno de los anuncios que mayor repercusión ha tenido de los que ha hecho el presidente de los EE UU, Barack Obama, ha sido el de cerrar la cárcel de Guantánamo. Sin embargo, tras meses en la presidencia el presidente se está enfrentando a múltiples obstáculos para lograr ese objetivo.

La Cámara de Representantes se negó ayer, según informa el diario El País, a incluir una partida de 80 millones de dólares para cerrar este centro de detención en la ampliación del presupuesto para las guerras de Irak y Afganistán. "Lo haremos cuando nos presente un plan claro", declaró el presidente del Comité de Apropiaciones, el demócrata David Obey según recoge ese diario.

El presupuesto no es el único problema. El plazo de cuatro meses de suspensión de los tribunales especiales que juzgan a los allí retenidos vence el próximo 20 de mayo, lo que parece demostrar que la administración Obama está teniendo más problemas de los esperados.

Su ubicación y su régimen jurídico

Igualmente la "recolocación" de esos presos especiales plantea aún muchas incógnitas. Nadie en EE UU quiere tener en sus cárceles a estos supuestos terroristas y las negociaciones para ser trasladados a otros países (entre los que estaría España ) todavía están muy verdes. Otra posibilidad que se baraja es la de construir una cárcel especial para ellos en suelo norteamericano.

Pero aunque consiguieran encarcelar en otros recintos el problema jurídico no estaría resuelto. Ahora mismo son considerados como combatientes enemigos pero de enfrentarse a un juicio civil la falta de pruebas y las alegaciones de tortura podrían provocar que presos que confesaron su participación en el 11-S quedaran en libertad.

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