El pasado mes de octubre, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) envió un equipo al centro, que depende del Ministerio del Interior mauritano, a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español, y ha elaborado un informe que ha presentado tanto a las autoridades españolas como a las mauritanas.
En él detalla las condiciones del centro, calificado de 'Guantanamito' en algunos medios españoles, que los migrantes son detenidos sin ninguna base legal ni asistencia letrada, que permanecen todo el día internados en celdas y que son expulsados a la frontera sin ningún medio para llegar a sus lugares de origen, según la ONG.
CEAR denunció que la 'situación es consecuencia de los acuerdos que España y otros países de la Unión Europea mantienen con países como Mauritania para que contengan la emigración hacia Europa sin ligar estos acuerdos a la exigencia y control del respeto a los derechos humanos'.
Las autoridades mauritanas argumentan 'que es una actuación que realizan a petición expresa del Gobierno español, por lo que quedan a la espera de lo que éste solicite o decida sobre el futuro del centro de Nouadhibou', agregó el informe.
No hubo nadie disponible en el Ministerio español de Asuntos Exteriores para comentar la información.
El centro de detención es una vieja escuela que fue modificada por miembros del Ejército español, con financiación de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), 'con la intención expresa de devolver al mismo a los migrantes con destino a España e interceptados en el camino, tal y como se recoge en los acuerdos adoptados'.
Los inmigrantes pasan casi todo el día y la noche en las habitaciones, echados en los camastros o literas, hacinados y en unas condiciones muy precarias.
No se les permite caminar ni hacer ejercicio en el patio. Solamente caminan unos 50 ó 60 metros para ir a las letrinas, con custodia policial, ante el temor a que se produzcan fugas y al mal estado de las instalaciones.
REPATRIACIÓN SIN CONTROL
En el momento de las entrevistas, en el centro había 14 inmigrantes, 13 hombres y una mujer, 10 de los cuales dijeron ser senegaleses, y sólo cinco afirmaron que les detuvieron en el momento de intentar iniciar el viaje a las Islas Canarias, tras haber pagado entre 150.000 y 200.000 ouguillas (entre 422 y 563 euros).
Los ocho restantes fueron detenidos en Nuadibú y niegan que quisieran emigrar clandestinamente, el último señaló que fue detenido por la policía cuando quiso denunciar que había sido estafado tras pagar un viaje a Canarias.
Tras un periodo de detención que según las autoridades dura un máximo de 15 días, son trasladados en viejos minibuses a la frontera, donde se les deja sin apenas medios para llegar a su lugar de origen. La percepción es que la mayoría vuelve a intentarlo, indicó CEAR.
Mauritania se convirtió en el punto de salida de miles de inmigrantes subsaharianos después de que la vigilancia en Marruecos desplazara la salida de los cayucos más al sur. Después de la avalancha de los años 2006 y 2007, las autoridades españolas y europeas reforzaron la cooperación con países como Senegal y Mauritania, y el flujo de inmigración ilegal ha disminuido.
CEAR afirma que, además del cierre del centro, se debería suspender también la cooperación en materia migratoria y condicionarla al respeto y promoción de los derechos humanos.
Mauritania sufrió un golpe de Estado en agosto del año pasado que derrocó al primer presidente elegido democráticamente, aunque los militares han prometido que celebrarán elecciones presidenciales en junio.


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