El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado una enmienda en el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una orden judicial para cortar el acceso a Internet a un usuario, lo que motiva el bloqueo del conjunto del paquete de medidas legislativas que pretendía reforzar la competencia en el sector y los derechos de los consumidores, así como favorecer las inversiones.
La regulación prevista ha creado una gran quietud entre las asociaciones de internautas y ni siquiera las autoridades europeas se poníann de acuerdo en algunos puntos. Algunas de las cuestiones que generaba esta legislación eran las siguientes:
¿Las operadoras podrían suspender el servicio de Internet sin orden judicial previa?
No, finalmente se ha asegurado que no se impondrá "restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión e información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".
Sin embargo, existe un gran debate al respecto. El mismo Parlamento Europeo tiene opiniones divididas sobre este punto: los eurodiputados que han trabajado en el texto legislativo destacaron que éste "no restringe ningún derecho" mientras que otros lamentan su "ambigüedad" y que pueda llegar a justificar leyes como la que tramita Francia, según la cual un organismo podría cortar el acceso a Internet a un usuario que descargue ilegalmente contenidos sin necesidad de una orden judicial.
¿Cómo se produciría la desconexión de Internet?
En caso de que se solicite la suspensión del servicio a algún internauta, bien con orden judicial previa bien sin ella (en caso de que se aprovechen las ambigüedades del texto), el proceso sería similar al que propone Francia: tres avisos y posterior suspensión del servicio por un período de entre dos meses y un año durante el cual se debería seguir pagando Internet. Cuando sufran una restricción, los internautas podrán recurrir a un tribunal donde se replanteará el caso.
¿Existen consecuencias más graves que la posible desconexión temporal de Internet?
Sí. La nueva normativa, de haber sido aprobada, permitiría que las proveedoras de servicios de Internet establecieran paquetes de contenidos que limitarían el acceso a determinadas webs y servicios. De este modo, los internautas tendrían que contratar servicios de banda ancha en los que se especificarían las webs a las que se puede acceder. Todas las demás quedarían fuera de la oferta contratada. A este tipo de paquetes se le podría sumar un máximo de contenidos descargados, lo que impondría aún mayores limitaciones. Millones de usuarios de todo el mundo ya han levantado sus voces contra esta posibilidad que supondría un freno para la Sociedad de la Información.
¿Todas las restricciones y obligaciones son para los internautas?
No, con las nuevas normas, los operadores estarían obligadas a proporcionar información más transparente sobre tarifas y términos contractuales, dar un acceso más fácil a las personas con discapacidad y avisar a los usuarios cuando exista el riesgo de que sus datos sean objeto de un uso malicioso o prácticas ilegales.
¿Podrá volver a votarse este paquete de medidas?
Sí, aunque no en esta legislatura. Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada entre el PE y los países de la UE, la totalidad del marco legislativo tendrá que pasar en otoño al comité de conciliación -proceso en el que representantes de la Eurocámara y el Consejo negocian un acuerdo- y ya no podrá ser aprobado en la presente legislatura, cuyo último pleno se celebra esta semana.
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