La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía no abandona los tribunales. Si el Supremo ratificó que se trata de una materia obligatoria, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera legal los cambios que introdujo la Junta para suavizar los contenidos «y despojar de cargas ideológicas» la asignatura.
El propio Ministerio de Educación fue quien recurrió el decreto del Gobierno regional, que ahora avala el tribunal. Aunque los libros son iguales para todas las autonomías (las grandes diferencias las ponen las editoriales), la Junta modificó el currículum, que es la base en la que se apoya el profesor para examinar a sus alumnos. Por ejemplo, en el tipo de familias sí se recoge el matrimonio homosexual, pero se indica su escaso peso en la sociedad actual.
Exactamente, el Ministerio recurrió 28 aspectos con los que no estaba conforme. Otras pegas se referían a los procesos para conseguir la igualdad hombre-mujer, resolución de conflictos sociales o la importancia del salario social para erradicar la pobreza, entre otros.
«Lo que tiene que aportar la asignatura es que se aprendan valores cívicos y constitucionales, y lo marcado por el Ministerio iba más allá, por eso lo aligeramos de cargas ideológicas, como explicamos a los padres», dijo el viceconsejero de Educación Escolar, Sánchez-Pascual, que pidió al Ministerio que no recurra el fallo al Supremo.
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