El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, diseñado por el Gobierno Central, permitirá a 117.467 familias madrileñas acceder a una vivienda o mejorar la que ya poseen, gracias a un aumento en la inversión
El objetivo es ampliar las ayudas a más ciudadanos e impulsar la vivienda protegida y la rehabilitación
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio, Ana Isabel Mariño, han suscrito este martes el acuerdo, por el cual el Ejecutivo invertirá 1.301 millones de euros en la región, casi un 80% más que lo fijado en el plan anterior.
El nuevo convenio persigue "ampliar las ayudas a más ciudadanos e impulsar la vivienda protegida y la rehabilitación, como alternativa al sector inmobiliario residencial", para que este se relance y genere empleo en la actual coyuntura, ha explicado Corredor.
Casi 60.000 inmuebles
El 48% de las actuaciones del mismo van dirigidas a la rehabilitación de viviendas y edificios, lo que permitirá la mejora de 56.599 inmuebles de la región.
Según ha explicado la ministra, el número de viviendas protegidas en Madrid "financiables" por este plan aumentará, a la vez que se fomentará el régimen de alquiler.
A esta medida le acompañarán otras relativas a la creación de viviendas protegidas, ayudas para comprar viviendas usadas y para pagar el alquiler, de lo cual se beneficiarán 8.900 inquilinos.
Aparte, el plan incorpora novedades como acciones destinadas a erradicar las infraviviendas y la creación de alojamientos protegidos para sectores vulnerables como los menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad y víctimas de la violencia de género.
"Invasión de competencias"
El gobierno regional ha firmado este convenio pese a que el pasado mes de abril interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, por considerar que con él se cometía una "invasión de competencias" por parte del Ejecutivo central.
La consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, ha explicado que, a pesar de ello, han rubricado el plan para que los madrileños puedan elegir entre acogerse al modelo de vivienda protegida del Ministerio o el plan regional.
Las discrepancias nacen, según la consejera, porque el plan estatal impone obligaciones a las comunidades autónomas, como la creación de un registro de demandantes, y convierte el derecho a la propiedad en una especie de derecho de uso, ya que "los adjudicatarios de vivienda protegida nunca serán propietarios plenos de sus pisos".
El plan de vivienda estatal establece que el periodo de protección de las mismas será permanente en el caso de que estos pisos se construyan en suelos destinados por ley a vivienda protegida y no inferior a 30 años sobre suelos libres.
En opinión de Mariño, un "buen plan de vivienda", además, debería apoyarse en la colaboración pública y privada, ya que la iniciativa privada "es la mejor forma de crear riqueza y empleo".
A este respecto, la ministra Beatriz Corredor, ha matizado que ambas administraciones no coinciden por las discrepancias jurídicas y políticas "muy profundas" que tienen en esta materia.
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