El juez ha ordenado una comisión rogatoria internacional para determinar si los hechos denunciados en una querella pendiente de ser admitida a trámite 'están siendo o no investigados o perseguidos ante sus autoridades o si en su caso se va a hacer, indicando la Autoridad que lo estuviera haciendo e identificando el concreto procedimiento', según el texto, fechado el 4 de mayo.
Velasco está encargado del caso después de que se lo entregara el Juzgado Central de Instrucción Decano, responsable de las normas de reparto y asignación en la Audiencia, a raíz de que el magistrado Baltasar Garzón tuviera que inhibirse del caso, a petición de la Fiscalía, que se opone a la investigación.
La Fiscalía de la Audiencia había pedido la inadmisión de la querella, presentada por un grupo de abogados defensores de derechos humanos contra varios miembros del anterior gobierno estadounidense, entre ellos el ex fiscal general Alberto Gonzales.
El informe de la Fiscalía sostiene que en un caso de maltrato a prisioneros de guerra la denuncia debería ir contra los autores materiales y que el hecho de que la querella esté dirigida exclusivamente contra quienes adoptaron las decisiones ejecutivas autorizando las prácticas de tortura plantea importantes problemas desde la perspectiva jurídico-penal, como el hecho de que los querellantes no hayan acudido a la jurisdicción preferente, en este caso Estados Unidos.
El magistrado sostiene que la Audiencia tiene potestad para investigar si existieran crímenes de guerra o de lesa humanidad, pero considera más adecuado, dado el complejo sistema de persecución universal de estos delitos, solicitar primero información al país correspondiente.
La legislación española permite tener jurisdicción en el caso de Guantánamo porque cinco españoles o residentes españoles que permanecieron encarcelados en la prisión estadounidense en la bahía cubana dijeron que fueron torturados allí.
Los otros estadounidenses que aparecen en la demanda son William Haynes II, ex asesor general del Departamento de Defensa; Jay Bybee, ex jefe de Yoo en la oficina de asesoría legal del Departamento de Justicia; y David Addington, jefe del Estado Mayor y asesor legal del ex vicepresidente Dick Cheney.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que asumió el cargo en enero, ha ordenado el cierre de Guantánamo y puesto fin a los métodos de interrogación utilizados durante el mandato de su predecesor, George W. Bush.
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