Los gestores del puerto gijonés defendieron ayer la «completa legalidad» de todo lo que han hecho durante el proyecto de ampliación de El Musel, pese a que recientemente la Unión Europea rechazó financiar con 135 millones de euros el sobrecoste de la obra alegando que hubo irregularidades en los trámites y que se favoreció a la constructora.

«Daré cumplida respuesta a las dudas de la Dirección General de Política Regional», anunció Fernando Menéndez Rexach, presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. En su opinión, «no hubo arbitrariedades y siempre se buscó el bien común».

Los responsables de la obra sostienen que la decisión de la UE todavía no es definitiva y aún mantienen la esperanza de recibir el dinero para pagar el sobrecoste del ‘Superpuerto'. Si definitivamente no es así, «se podrá acudir a la vía judicial. Los argumentos de España son sólidos», señaló ayer el abogado del Estado José María Alcoba.

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