Martín Cacho cumple este jueves 9 años. Sin embargo, su padre José María no podrá celebrar este día tan especial con el pequeño ya que desde hace casi 16 meses no sabe nada de él. Como ya contó 20minutos.es el pasado mes de diciembre, el niño desapareció en enero de 2008 cuando su madre, de origen japonés, se lo llevó fuera de España. Desde entonces, Interpol intenta localizar a la mujer y a su hijo sin que, de momento, se hayan obtenido los resultados esperados. La búsqueda, y la tensa espera, se alargan ya demasiado.
La situación que vive José María es similar a la de otros tantos padres o madres cuyos hijos han sido llevados fuera de España por su otro progenitor, normalmente de origen extranjero. Son recientes los casos de Sara García Rachid, la niña de Ávila secuestrada por su padre hace once años y que ya se ha reencontrado con su madre, o el de Sara Moracho, que ha pasado tres años en Irak después de que su padre se la llevase sin obtener el permiso de la madre.
De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores tramita actualmente hasta 84 casos de sustracción internacional de menores, estipulado como delito en España desde la reforma del Código Penal en 2002. Tales acciones pueden ser castigadas con penas de cuatro años de cárcel cuando antes sólo recibían algún tipo de multa económica.
De los 84 casos mencionados, "en la mitad están implicados países inscritos en el Convenio de La Haya", un texto firmado en 1980 que cuenta como objetivos "garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante" y "velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten". Por ello, en estos casos se espera una solución cercana gracias a la colaboración de los países firmantes.
Sin noticias de Japón
El problema es cuando el menor haya sido trasladado a un país que no siga lo estipulado en el convenio, como es el caso que afecta a José María Cacho, cuyo hijo, presumiblemente, ha sido llevado por su madre a Japón. "En estos casos lo primero que deben hacer los ciudadanos es acudir a la justicia española", comenta Exteriores, algo que ya ha hecho José María. Sin embargo, las respuestas recibidas no son del todo satisfactorias.
A nivel policial ya no se puede hacer nada más
No es para menos. Interpol España le informa que desde Japón no se considera delito que la madre, ciudadana de aquel país, se haya llevado al niño mientras no se compruebe que le haya obligado a realizar el traslado contra su voluntad. En otras palabras, Japón "no lo considera un secuestro", tal y como lo reconoce España. Ese matiz, "esa excusa", hace que el proceso de búsqueda se quede paralizado. Hasta Interpol le asegura que "a nivel policial ya no se puede hacer nada más" y que el caso debe seguirse a partir de ahora "desde la vía diplomática". "Todo el mundo se lava las manos", comenta José María.
Exteriores indica que "en muchos casos la justicia local no acepta las resoluciones españolas y no ordena la devolución del niño. Se llega incluso a situaciones en las que el ciudadano tenga que dirigirse personalmente a la justicia de aquel país" para presentar el caso y poder solucionarlo. Así, la idea de ir a Japón ya pasa muy seriamente por la cabeza de José María.
La diplomacia
¿Y la mencionada vía diplomática? Exteriores indica que su papel es "transmitir al país implicado que hay que aplicar una sentencia española, ayudar a encontrar al menor a través de los servicios consulares, facilitar el contacto entre las familias y procurar que la evolución del caso cumpla los trámites lo más rápido posible". De hecho, en el caso de José María ya se cuenta con la colaboración de Aiki Mauleón, cónsul español en Japón, que tiene conocimiento del asunto casi desde el primer día.
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