Sin embargo, en 1997, el Gobierno posterior (del PP) impuso la congelación salarial de los funcionarios para ese año. La decisión fue recurrida por CCOO ante la Audiencia Nacional que, en enero de 2001, dio la razón al sindicato y obligó a la Administración a negociar con los representantes de los empleados públicos los incrementos retributivos correspondientes a 1997 y a los años posteriores.
El fallo de la Audiencia fue recurrido por el Gobierno ante el Supremo, que en 2002 anuló la sentencia de la Audiencia Nacional. Entonces, CCOO elevó el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC), donde presentó un nuevo recurso.
El TC falló que la decisión del PP estaba justificada para cumplir el Plan de Convergencia de la UE
Sin embargo, en febrero de este año, el TC rechazó el recurso por entender que la decisión del Gobierno del PP estaba justificada, ya que tenía que reducir el gasto público para poder cumplir el Plan de Convergencia de la Unión Económica y Monetaria. Nuevamente, CCOO volvió a recurrir: esta vez ante el Tribunal de Estrasburgo, donde alegó que, dada la tardanza del TC en emitir su auto (tres años), se ha violado el articulo 6 del convenio de Derechos Humanos que dice que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley".
Para CCOO con esta decisión el PP discriminó a los empleados públicos y les negó el derecho a la negociación colectiva
Además, según CCOO, también se ha violentado el artículo 14 del convenio de Derechos Humanos y el artículo 14 de la Constitución española, porque, al imponer la congelación salarial sin negociarla, el Gobierno del PP discriminó a los empleados públicos y les negó el el derecho a la negociación colectiva. Por último, a juicio de CCOO, el Gobierno del PP violó el derecho a la libertad sindical, recogido en el artículo 11 del convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
La respuesta del Tribunal de Estrasburgo se conocerá en el plazo aproximado de un año y la decisión será vinculante, ya que se trata de la última instancia ante la que CCOO puede recurrir, explicó Carmen Perona. Durante ese tiempo, el sindicato promoverá una campaña informativa para que al menos 500.000, de los más de 2,5 millones de funcionarios afectados, se personen como acusación particular en Estrasburgo, con la ayuda del servicio jurídico de CCOO, que se encargará de tramitar el proceso.
Alemania presionó a España para que recurriera al fondo de rescate
Buscar empleo: los españoles prueban suerte en el norte y en el sur
Lolo Jones, de 29 años, presume de virginidad antes de los Juegos
Mario Casas: "Hollywood no es un objetivo por ahora"
El CGPJ intenta recuperar su credibilidad
Una nueva terapia para el cáncer libera células cautivas
Qué hacer para alargar la vida del ordenador
Venden el original de la portada de 'Tintín en América' por 1,3 millones de euros
¡Sé el primero en hacerlo!