La ley ofrece una última oportunidad a los condenados que demuestren que el delito cometido tuvo que ver con la adicción a una droga  y se comprometa a seguir un tratamiento para desengancharse. En esta situación se encuentran en la actualidad 242 personas en la provincia de Valencia, según datos de los Servicios Sociales Penitenciarios a los que ha tenido acceso

20 minutos.

El Código Penal contempla esta posibilidad aunque el preso sea reincidente, siempre que la pena impuesta vaya de dos a cinco años de cárcel. La dependencia a la sustancia adictiva debe ser certificada por un informe médico o, en su caso, la deshabituación definitiva.

Si se dan estas condiciones, se puede establecer el

«pacto» de suspender el cumplimiento de la pena a cambio de que el condenado no vuelva a cometer otro delito en un plazo de tres a cinco años y se comprometa a dejar las drogas o demuestre que ya lo ha conseguido.

Según explican desde los Servicios Sociales Penitenciarios, ubicados en la Ciudad de la Justicia de Valencia, la mayoría de estos condenados han cometido robos o son traficantes a pequeña escala, por lo que el abandono de la adicción puede favorecer su reinserción social.

Los órganos encargados de facilitar el tratamiento a estas personas en la provincia son las Unidades de Conductas Adictivas (UCA), hospitales, centros de día, Centros de Encuentro y Acogida y viviendas tuteladas. Están gestionados por los servicios autonómicos de atención a las drogodependencias.

En el caso de que el condenado deje de cumplir el tratamiento o lo haga deficientemente, deberá cumplir la pena originariamente impuesta, al igual que si vuelve a cometer otro delito, indican fuentes judiciales. Los centros responsables del programa

pasan informes trimestrales al juez para comprobar cómo va el proceso, las modificaciones que haya de experimentar y la finalización del tratamiento para dejar la adicción a sustancias.

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