La mayoría de las 2.362 denuncias tramitadas por la Agencia se referían al sector de las telecomunicaciones, a las entidades financieras y a los sistemas de videovigilancia (en este caso las reclamaciones se han triplicado en un año).
En el sector bancario, la mayor parte de las reclamaciones se referían a la inclusión en ficheros de morosidad y a problemas de incumplimiento del deber del secreto con el cliente.
Las denuncias sobre los sistemas de videovigilancia advertían de intromisiones en la intimidad y en la privacidad de los ciudadanos en lugares privados (hoteles o tiendas) o centros de trabajo.
La intervención de la Agencia
Como resultado de estas quejas, en 2008 la Agencia de Protección de Datos inició un 58% más de procedimientos sancionadores que un año antes y recaudó 22,6 millones de euros en multas (el 75% de ellas por sanciones "graves", el 18% "leves" y el 7% "muy graves").
La Agencia también inició actuaciones de oficio motivadas por el hallazgo de tarjetas sanitarias de usuarios de la sanidad pública, por la filtración de documentación judicial o ficheros policiales en medios de comunicación, por la instalación de cámaras de vigilancia en colegios o por difundir imágenes de agresiones en YouTube.


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