Los cien 'okupas' de una urbanización en Mijas deciden irse de forma voluntaria

La 'okupación' sólo ha durado poco más de dos días. El centenar de personas que había ocupado el pasado domingo ilegalmente una urbanización deshabitada de Mijas (Málaga), entre los que había varios menores, ha optado finalmente por marcharse de forma voluntaria tras permanecer más de 48 horas en el lugar, según han informado fuentes municipales.

Estos vecinos, que llegaron procedentes de unas viviendas sociales de la localidad, han culminado el desalojo durante la pasada madrugada al volver a sus inmuebles originales, mientras ha quedado en el lugar un dispositivo policial que custodia el complejo formado por una treintena de apartamentos con piscina y jardines, para evitar una hipotética vuelta.

Con la vigilancia se pretende evitar, además, un posible "efecto llamada" de otras personas que ya se había producido. La propiedad gestiona también seguridad privada en el recinto, algo que también habían dispuesto otras urbanizaciones próximas.

Apartamentos de buen nivel

Algunos de los ocupantes habían trasladado sus enseres hasta el complejo denominado "Golden Hills", donde pasaron dos noches en unas viviendas que habían pasado a ser propiedad de una entidad financiera, que estaban prácticamente terminadas y que se consideran de buen nivel en plena Costa del Sol.

El grupo recibió este martes la visita de personal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que les aconsejó su marcha, algo que habían empezado a hacer varios de ellos por la mañana, aunque inicialmente desistieron al llegar otras personas desde la barriada marginal de Málaga "Los Asperones" e incluso de Sevilla, que los animaron a quedarse.

Se trata de familias de etnia gitana con residencia en alguna de las 25 viviendas sociales de "Molino de Viento" de esta localidad construidas por la Junta de Andalucía en 2002 sobre suelo municipal para acabar con el asentamiento de Los Limones y las prefabricadas de Torreblanca. El Ayuntamiento carecía de competencias para actuar y únicamente cabía la posibilidad de que la propiedad denunciara en un juzgado la ocupación de esta urbanización o que se marcharan por iniciativa propia.

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