El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, aceptó la declaración de los forenses Bülent Sam y Ömer Müslümanogl, después de que otros tres testigos turcos que tenían previsto testificar por videoconferencia no lo pudieran hacer por un problema legal.
'(Los españoles) insistían en llevarlos incluso sin identificar (...) habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España', declaró Sam.
Treinta de los 62 cadáveres fueron identificados erróneamente tras el accidente ocurrido en mayo de 2003 en Turquía, y el que fuera jefe de los forenses turcos aseguró durante la vista del miércoles que las autoridades españolas firmaron el acta en la que se informaba de este hecho.
'Prometieron que terminarían el trabajo de identificación de los cadáveres que no habían sido identificados en España', agregó el médico turco durante su declaración a través de una traductora.
'Cuanto antes querían firmar esa letra (acta), porque dijeron que el avión estaba esperándoles', sostuvo.
Sam añadió en su testificación que el general de Sanidad Vicente Navarro, el principal acusado en el juicio, estaba en condiciones de realizar las pruebas forenses, pero que olía a alcohol.
En su declaración en el juicio el pasado 24 de marzo, el general Navarro aseguró que había firmado el acta sin conocer su contenido, ya que estaba escrita en turco.
APLAUSOS A LA DECISIÓN
La reconsideración del juez Gómez Bermúdez y su aceptación de la declaración de los dos testigos turcos provocaron los aplausos de algunos asistentes a la sala durante su anuncio.
El juez explicó que había rechazado a estos dos testigos propuestos por la fiscalía y acusaciones particulares anteriormente porque había aceptado ya otros similares, pero que los admitía ahora tras haberse frustrado la declaración de los otros dos médicos turcos que también habían participado en las autopsias.
Además de Navarro, en el juicio están acusados el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, por una presunta falsificación documental. La Fiscalía pide para el primero cinco años de cárcel y para sus subordinados, cuatro y medio.
Para Pacho González Castilla, presidente de la asociación de familiares afectados, el testimonio de los forenses turcos que participaron en las identificaciones en Trebisonda era 'crucial'.
'Entendemos que era esencial y que ya que se ha puesto en tela de juicio la profesionalidad de los forenses turcos - los propios militares españoles que fueron allí a hacer las labores de identificación lo pusieron en tela de juicio - evidentemente tenían que defenderse', dijo en declaraciones a la Cadena SER.
El general Navarro ha declarado desconocer qué pudo llevar a la incorrecta identificación de los fallecidos, pero ha aludido a los cambios de ubicación de los cadáveres y a las dificultades de comunicación con las autoridades turcas.
La Fiscalía pide también una multa y la inhabilitación temporal de los acusados y les reclama indemnizaciones de 25.000 euros para cada familia de los fallecidos mal identificados.
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