El portavoz de Seguridad de Izquierda Unida, Angel Lara, calificó este jueves de "surrealista" que el Ayuntamiento de Madrid exija el pago de las infracciones cometidas por los servicios de emergencia de la M-30 en el desempeño de sus funciones.

"Si esto es descabellado sólo se puede tildar de impresentable que la empresa concesionaria, Emesa, obligue a sus conductores a asumir el pago que se deriva de la infracción. ¿Alguien se imagina que igual caso se diera entre los bomberos o los distintos cuerpos de seguridad del estado cuando persiguen a algún delincuente?", indicó en un comunicado.

Con ser un "despropósito considerable", apuntó Lara "no se trata de lo más grave, ya que lo es aún mucho más el sistemático incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria que, no hay que olvidar, se lleva 6.500 millones de euros por sus cometidos".

Bases "inoperativas"

El concejal acusó de manera directa al Ayuntamiento de Madrid porque, "además de tener el 80% del capital de Calle 30 que es quien contrata, no puede mirar para otro lado cuando hay serios problemas de seguridad tanto en los túneles como a cielo abierto".

Lara, que llevó en fechas recientes este asunto a la Comisión Informativa, recordó que, por ejemplo, "es más falso que un duro de madera que haya un servicio las 24 horas al día durante todo el año en las bocas de los túneles tal y como se exige" o que "las bases de emergencia se encuentren totalmente inoperativas".

En la actualidad, añadió, el equipo de intervención para emergencias está dotado exclusivamente con una furgoneta con conos por si es necesario cortar algún carril. "¿Son esos los medios necesarios para atender alguna incidencia grave que no esté preparada de antemano como esos simulacros a los que también se llega tarde?", apuntó.

Las multas se archivan

Por su parte, el coordinador general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Autrán, desmintió "categóricamente" que el Constitorio exija el pago de las infracciones cometidas por los servicios de emergencia de la M-30 en el desempeño de sus funciones.

Según explicó Autrán, dado que los radares disparan las fotografías cuando hay exceso de velocidad, si se produce el caso cuando son trabajadores de la empresa concesionaria los que conducen los vehículos, el procedimiento sigue su curso hasta que se envía a la Dirección General de Movilidad, donde en el Departamento de Multas se archivan.

"Estas son denuncias automáticas, que proceden de los radares y no se distingue el vehículo, pero una vez que se comunica, se archiva el expediente", insistió Autrán.