Aumentar las penas contra los responsables de

abusos sexuales infantiles y de tráfico de personas y ofrecer una mayor protección de las víctimas. La propuesta procede de Bruselas, concretamente de la

Comisión Europea (CE), que ha aprobado este miércoles nuevas propuestas para

armonizar las legislaciones de los 27 países comunitarios a fin de reforzar la

lucha contra los delitos sexuales contra menores.

El Ejecutivo comunitario ha llegado también a plantear que los delitos de ese tipo sean

perseguidos judicialmente incluso si se cometieron fuera del territorio de la UE.

En el caso de los abusos sexuales a menores, la CE propuso que la pena máxima sea de

al menos 6 años de cárcel, y que en caso de agravantes (por ejemplo, si el autor es familiar de la víctima) alcance

los 10 años como mínimo, cifra que subiría a 12 años si se pone en peligro la vida del menor. Actualmente, la pena armonizada a nivel de la UE es de al menos un año de cárcel y de 6 años en caso de agravantes.

"El abuso sexual de menores tiene un

alcance mucho mayor del que podría pensarse", afirmó el comisario de Justicia, Seguridad y Libertades,

Jacques Barrot, quien precisó que entre un 10 y un 20% de los niños sufren ese tipo de abusos y solo se denuncia un caso de cada cuatro.

La CE propone también que sea delito en toda la UE el ver

archivos informáticos de pornografía infantil así como la práctica conocida como '

grooming '. Esta práctica consiste en engañar a un menor por internet para que cometa actos de tipo sexual. Asimismo, según el texto, los autores de abusos a menores en países de fuera de la UE podrán ser perseguidos judicialmente en territorio comunitario.

Según las cifras de Bruselas, el número de sitios de internet con material de pornografía infantil se multiplicó por cuatro entre 2003 y 2007.

Prevenir la reincidencia

Dado el alto nivel de reincidencia entre los autores de estos delitos (en torno al 20%), las autoridades nacionales tendrán que hacer un

seguimiento individualizado de los condenados por estos hechos para prevenir nuevos delitos.

En este sentido, el pasado mes de diciembre el Gobierno español aprobó

una reforma del Código Penal que incluye medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes que podrán durar hasta veinte años después de cumplida la condena.

Asimismo, los

autores de abusos sexuales a menores tendrán

prohibido realizar actividades con niños, especialmente a nivel profesional (como pediatras, maestros o monitores deportivos). Las autoridades nacionales podrán estar al tanto de este tipo de antecedentes si esas personas residen en su territorio ya que los historiales judiciales nacionales se comparten entre los países de la UE.

Los menores víctimas de abusos sexuales tendrán mayor protección, para evitar en todo lo posible interrogatorios dolorosos y también el tener que confrontar a sus agresores cara a cara en el juicio, gracias al uso el vídeo.

En cuanto al

tráfico de personas, la CE considera que

cada año 500.000 personas son víctimas de este delito en la Unión Europea, y que el fenómeno afecta principalmente a mujeres y a niñas, sobre todo para prostituirlas o para explotarlas económicamente.

Las propuestas realizadas por la Comisión serán examinadas por el Consejo de Ministros de la UE para su eventual aprobación.