El fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes que empleados de la filial financiera de AIG que recibieron recientemente bonificaciones han decidido devolver alrededor de 50 millones de dólares de los 165 millones entregados.
El fiscal dijo que nueve de los diez empleados en la filial Productos Financieros que recibieron compensaciones más elevadas han estado de acuerdo en devolver las cantidades recibidas y que en total serán 15 de entre los 20 con compensaciones más altas.
El fiscal neoyorquino investiga la entrega reciente de compensaciones millonarias a directivos y empleados de la subsidiaria financiera, que ha suscitado fuertes criticas por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de los legisladores, así como entre la ciudadanía.
Cuomo reveló que alrededor del 47% de la cantidad total o unos 80 millones de dólares, fueron concedidos a empleados estadounidenses.
El fiscal anunció la pasada semana que la aseguradora American International Group (AIG) había pagado bonificaciones de al menos un millón de dólares a 73 empleados, de los que once ya no trabajan en la empresa.
El fiscal exigió a la compañía que le entregase toda la información relativa a los sobresueldos abonados a empleados de su problemática filial, que puso a la aseguradora al borde de la bancarrota y necesitada de fondos públicos con urgencia.
Cuomo constató que un individuo a quien no identificó obtuvo más de 6,4 millones de dólares en compensaciones y que los siete más premiados se llevaron más de cuatro millones cada uno.
"Han hecho lo correcto"
"Han hecho lo que es correcto, lo que este país necesita y exige en estos momentos", indicó Cuomo, quien agradeció a los ejecutivos su decisión de devolver las bonificaciones y por "dar ejemplo al resto de la compañía".
Han hecho lo que este país necesita"
AIG alegó en su momento que no tenía más remedio que pagar esas sumas debido a los términos inalterables del plan que establecía las compensaciones..
La aseguradora ha recibido ya más de 170.000 millones de dólares de las arcas públicas y está controlada en un 80% por el Gobierno.
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