La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha una campaña para inspeccionar el uso del catalán en la hostelería de las zonas turísticas.
Como mínimo, los establecimientos deben tener una persona capaz de atender a los clientes en catalán y disponer de rótulos, cartas de menú y hojas de reclamación en catalán.
Si hay algún incumplimiento de la normativa se apercibirá al establecimiento y se le darán tres meses para que lo subsane, antes de plantear sanciones. Las multas van de los 300 a los 600 euros. Los restauradores han tachado la campaña de «inoportuna».
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's) ha acusado al gobierno de la Generalitat de "amenazar" y "presionar" al sector de la hostelería para que, además de la lengua castellana, utilice también el catalán en su atención al cliente.
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