Prendió fuego a unos contenedores y se escondió detrás de un coche para ver cómo eran apagados por los bomberos. Acto seguido, tenía a la Policía siguiéndole, rompió la ventana de otro vehículo y con un mechero la tomó con los asientos delanteros. Salió corriendo, pero los agentes le detuvieron. Este episodio (abril de 2008), protagonizado por José Antonio S. B. en Puerta Blanca y La Paz, es uno de los ejemplos que contribuyeron el año pasado a que 1.344 bidones fueran atacados en actos vandálicos.
A pesar del trabajo policial, ocho detenidos y tres denunciados en 2008, la cifra de contendores destruidos (unos 700 euros de media le cuesta la unidad al Ayuntamiento) se ha triplicado con respecto a 2006, cuando fueron atacados 450.
Los bomberos de la capital no tienen una explicación para el aumento de este fenómeno y tampoco saben por qué se genera, pero cuentan que la frecuencia de casos va por épocas: "Pueden pasar dos meses en los que se queman 4 ó 5 contendores todos los días y otros tantos sin que recibamos ningún aviso", explican desde el cuerpo. Es más, "en la actualidad, llevamos unos meses bastante tranquilos", matizan.
Por su parte, la Policía Local relata que "es muy difícil pillar a vándalos y pirómanos porque es sencillo que tiren una colilla, se vayan de allí y el contendor tarda en comenzar a arder cinco o diez minutos". Y para amortiguar el crecimiento, la denuncia o arresto de los vándalos precisa de la "colaboración ciudadana".
Pero no todo son malas noticias sobre el vandalismo. El ensañamiento con las papeleras (cada una le cuesta una media de 50 euros al Consistorio) fue menor en 2008 que dos años antes. El pasado, 700 acabaron totalmente destruidas y otras 300 necesitaron repararse, mientras que en 2006 la suma total alcanzó 1.400, un 28% más. Y también se ha notado la reciente campaña municipal contra los grafiteros: en 2008 se tuvieron que invertir 7.700 euros menos para borrar las pintadas.
Hasta 750 euros de multa
La nueva ordenanza municipal que regula los actos vandálicos (en aprobación inicial) contempla como falta leve el “daño o riesgo ocasionado a personas o bienes” y prevé multas de hasta 750 euros, más los costes de reparación (en la ordenanza de 1998 son 150 euros).
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